Ante este dramático escenario se suman a la crisis sanitaria y económica el hartazgo ciudadano por la desidia de un gobierno ineficiente y corrupto. Y, sobre todo, el hastío hacia los políticos que utilizan el dolor ajeno para buscarse créditos en un año electoral sin importar que no haya dinero para comprar oxígeno ni medicamentos, condenando al pueblo a mendigar por caridad para salvar la vida de su familiar enfermo.
La solidaridad del paraguayo es impresionante. Su mano siempre tendida para donar desde un plato de comida hasta colaborar con la pollada o rifa para poder hacer frente a las cuantiosas cuentas hospitalarias. Sin duda, admirable, pero la sociedad civil ni las empresas pueden asumir el rol de un Estado ausente, corrupto e inútil.
Esta crisis sanitaria y económica ha aumentado la brecha de la inequidad, agravada con las enormes diferencias para acceder a las clases virtuales. Asimismo, las injusticias que impiden a los ciudadanos ejercer su derecho al comercio y la actividad económica.
Nada es justo ni legal mientras inescrupulosos funcionarios públicos de los tres poderes del Estado se burlan de la ciudadanía robando a todas luces el bienestar del pueblo, lucrando con la desgracia ajena, gozando de sus aumentos salariales y de compras indebidas y a destiempo.
Los buenos profesionales que abrazan con decencia el rol de funcionarios públicos mueren de vergüenza ajena. Pues ellos también son perjudicados al ser salpicados por la mala fama y corrupción imperante instalada por ineptos operadores políticos que usurpan el erario, apañados por sus padrinos políticos. Los enceguecidos por sus intereses personales por encima del derecho ajeno.
Asco dan los impresentables que deberían servir al pueblo y en lugar de ello se sirven de sus cargos para robar desde migajas hasta millones. Ello, sin importar dónde están ubicados, ya que se aprovechan de cualquier ocasión para recoger lo que puedan y solo por estar en determinada silla. Mientras, las familias están cada vez más empobrecidas, despojadas desde la cuna de sus oportunidades y esperanzas.
Exijamos nuestros derechos empezando por la vida, la atención de salud, la educación y el trabajo decente. Nosotros hacemos las siguientes propuestas concretas al Gobierno: instalar una mesa permanente de diálogo y acción, con representantes respetables de la sociedad civil y empresarial nombrados públicamente; transparencia en el uso de los recursos con pormenorizados datos y monitoreo público; nombrar un representante del Gobierno para informar diariamente al pueblo a través de una comunicación veraz, honesta y completa; informar en tiempo y forma cuando existan trabas legislativas o presupuestarias que atentan contra la vida y el cuidado de las personas; definir el plan de vacunación con plazos y logística, transparencia de registros de personas de los grupos prioritarios; y, aceptar la cooperación sin costo de las organizaciones de la sociedad civil y empresarial que ponen a disposición del Gobierno la infraestructura necesaria para desarrollar jornadas de vacunación masiva a nivel país.
Hoy no es momento de callar las realidades. Necesitamos cambios. Y solo podemos avanzar si unimos nuestras voces y acciones en pos de un país mejor.