La fiscala Stella Marys Cano pidió ayer al juez Mirko Valinotti el sobreseimiento provisional de los ex intendentes e Asunción, Mario Ferreiro y Óscar Rodríguez, Nenecho, además de 11 concejales y la extinción de a la acción para uno que falleció en marzo pasado.
Esto, en el caso que investiga la supuesta producción de documentos no auténticos en el caso de la firma EMPO Ltda. Los directivos de la empresa habían sido beneficiados con la suspensión a prueba del proceso.
Según la fiscala, hacen falta varias diligencias que debe realizar primeramente de modo a tener una certeza positiva o negativa con respecto a los procesados.
Además de los ex intendentes, se pide el sobreseimiento provisional para los concejales Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Ariel Cáceres, Karen Liliana Forcado y René Gabriel Calonga Acevedo.
También para los ediles Augusto Isidro Wagner Lezcano, Félix Manuel Ayala Ruiz Díaz, Humberto Blasco Gavilo, Ireneo Román Villalba y Elena Stael Alfonsi Samaniego.
Con respecto a Antonio Dionicio Gaona Escobar, que era miembro de la Junta Municipal, se pide la extinción de la acción penal porque falleció el 31 de marzo pasado.
La presentación se hizo ayer, ante el citado magistrado de Garantías.
FUNDAMENTOS. La agente fiscal dice que ella había imputado por el citado delito a raíz de la denuncia de Rosemary González del 19 de octubre del 2018, contra el entonces intendente Mario Ferreiro y los concejales.
Dice la fiscala de tenían indicios de que los imputados usaron un certificado de cumplimiento tributario del 20 de abril del 2018, de modo a que la firma EMPO, recibiera pagos por la prestación de servicios contratados.
Sin embargo, luego de 9 meses de investigación, alega que a esta altura de la investigación “aún no es posible la elevación de la causa a juicio oral y público, y tampoco requerir el sobreseimiento definitivo”.
Alega que necesita el informe final de la Contraloría sobre el contrato entre la Municipalidad de Asunción y la firma EMPO, a más de la copia autenticada de la resolución final en el laudo arbitral de rescisión de contrato.
También la declaración de los árbitros, Enrique Sosa, Marcelo Centeno y Stefan Horvath; el testimonio de los funcionarios intervinientes de la UOC de Asunción, Braulio Ferreira y Roberto Núñez.
Recién al cumplir con estas diligencias, estará en condiciones de requerir lo que corresponda. Ahora, el juez deberá citar a las partes a la preliminar para decidir. Si admite el pedido, la fiscala tendrá un año para reabrir la investigación.
