09 jun. 2026

Piden que ex ministro vaya a juicio por supuesta coima

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Se complica. El ex ministro podría ir a juicio oral, por autobeneficiarse a través de la SEN.

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Esta mañana, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, podría fijar fecha de audiencia preliminar contra Joaquín Roa, ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), tras la acusación por supuestamente haber favorecido en once licitaciones al empresario Alberto Koube.

Fue el fiscal Anticorrupción Silvio Corbeta el que acusó y pidió juicio oral para Roa, por los hechos de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos. En la misma causa también fue acusado Alberto Koube.

Se presume que el ex ministro se benefició económicamente durante los años 2018-2021, a cambio de adjudicar en las licitaciones a las empresas de Koube, haciendo por la vía de la emergencia y no por el proceso normal de licitación.

Desde la SEN se pagó un total de G. 16.080 millones por alquiler de camiones y provisión de chapas de fibrocemento.

“Se acreditó que el funcionario público recibió en agosto del 2018 de su asociado Alberto Koube Ayala, representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai SA, una embarcación, cuyo valor en el mercado asciende a USD 450.000 a cambio de adjudicaciones de licitaciones”, dice la acusación.

Al autorizar estas licitaciones, el entonces ministro habría incumplido, habría “lesionado sus deberes y atribuciones”, ya que los procesos administrativos fueron direccionados para simular la adjudicación.

Aparte de las empresas de Koube (cuya empresa es Grupo Tapyracuai SA), las adjudicaciones se hicieron a personas aliadas a él, como Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol, JPA Logística SA y de Katerine Ayala (pareja del amigo de Koube).

SOBREFACTURACIÓN. En cuanto al rubro “alquiler de camiones”, este fue direccionado sistemáticamente “en beneficio de la misma persona”.

Respecto a la “provisión de chapas de fibrocemento”, dice la Fiscalía que estas fueron sobrefacturadas, a fin de lograr beneficios económicos en provecho de ambos.

Incluso, algo irregular fue la cancelación del contrato con una empresa que proveía las chapas a G. 21.500 la unidad, incluyendo flete, para luego adjudicarle a las firmas de Katerine Ayala, que vendía la unidad a G. 33.000.

Sin embargo, según el Ministerio, el beneficiario real de esa contratación era la sociedad conformada por el ex ministro y el empresario, que obtuvo una ganancia de G. 716 millones.

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