28 jun. 2026

Piden que ex ministro vaya a juicio por supuesta coima

27705091

Se complica. El ex ministro podría ir a juicio oral, por autobeneficiarse a través de la SEN.

ARCHIVO

Esta mañana, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, podría fijar fecha de audiencia preliminar contra Joaquín Roa, ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), tras la acusación por supuestamente haber favorecido en once licitaciones al empresario Alberto Koube.

Fue el fiscal Anticorrupción Silvio Corbeta el que acusó y pidió juicio oral para Roa, por los hechos de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos. En la misma causa también fue acusado Alberto Koube.

Se presume que el ex ministro se benefició económicamente durante los años 2018-2021, a cambio de adjudicar en las licitaciones a las empresas de Koube, haciendo por la vía de la emergencia y no por el proceso normal de licitación.

Desde la SEN se pagó un total de G. 16.080 millones por alquiler de camiones y provisión de chapas de fibrocemento.

“Se acreditó que el funcionario público recibió en agosto del 2018 de su asociado Alberto Koube Ayala, representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai SA, una embarcación, cuyo valor en el mercado asciende a USD 450.000 a cambio de adjudicaciones de licitaciones”, dice la acusación.

Al autorizar estas licitaciones, el entonces ministro habría incumplido, habría “lesionado sus deberes y atribuciones”, ya que los procesos administrativos fueron direccionados para simular la adjudicación.

Aparte de las empresas de Koube (cuya empresa es Grupo Tapyracuai SA), las adjudicaciones se hicieron a personas aliadas a él, como Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol, JPA Logística SA y de Katerine Ayala (pareja del amigo de Koube).

SOBREFACTURACIÓN. En cuanto al rubro “alquiler de camiones”, este fue direccionado sistemáticamente “en beneficio de la misma persona”.

Respecto a la “provisión de chapas de fibrocemento”, dice la Fiscalía que estas fueron sobrefacturadas, a fin de lograr beneficios económicos en provecho de ambos.

Incluso, algo irregular fue la cancelación del contrato con una empresa que proveía las chapas a G. 21.500 la unidad, incluyendo flete, para luego adjudicarle a las firmas de Katerine Ayala, que vendía la unidad a G. 33.000.

Sin embargo, según el Ministerio, el beneficiario real de esa contratación era la sociedad conformada por el ex ministro y el empresario, que obtuvo una ganancia de G. 716 millones.

Más contenido de esta sección
Luego de casi cuatro años, el Tribunal de Apelación Penal anuló la condena contra Natalia Zucolillo, directora de Abc Color y el periodista Juan Carlos Lezcano, en la querella por difamación iniciada por la ex viceministra de Tributación, Marta González. Se dispuso un nuevo juicio oral.
El conocido caso de comisarías, donde está procesado el actual senador y ex ministro Rafael Filizzola, vuelve a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que uno de los camaristas se inhibiera y esto haya sido impugnado por su colega, con lo que el Máximo Tribunal debe de nuevo destrabar el caso.
Un grupo de enfermeras jubiladas llegaron al noveno piso del Palacio de Justicia para solicitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, una auditoría de las causas que afectan a 46 enfermeras, quienes serían víctimas de un esquema similar al de la mafia de los pagarés.
Un equipo de la Fiscalía, encabezado por el agente Carlos Acuña, se encuentra realizando un allanamiento en la sede del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), donde se habrían expedido 313 títulos falsos de licenciatura en Educación Escolar Básica, Educación Inicial y Ciencias de la Educación, según una denuncia presentada a mediados de junio.
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la recusación y ratificó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú en el caso del juez de Paz de la Catedral, Gustavo Villalba, y otros cinco encausados, en otro de los casos de la mafia de los pagarés. Además, lo citaron para audiencia disciplinaria.
La condena de 25 años de cárcel para una mujer que acabó con la vida de su hija de 3 años y luego intentó quitarse la vida fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación promovido por la defensa de la encausada.