Según publicaciones de años anteriores, Cartes compró en el 2021 la empresa Jiménez Gaona & Lima SAE, y tras la sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los EEUU, el empresario transfirió las acciones de esta firma junto con otras empresas “en concepto de anticipo de herencia” a sus hijo Juan Pablo, Sofía y Sol.
Anteriormente, la firma Jiménez Gaona & Lima (JGL) pertenecía a Ramón Jiménez Gaona, padre del entonces ministro de Obras Públicas, quien lleva el mismo nombre.
Canese mencionó a Última Hora que la intención es que la Contraloría investigue si pudo haber existido una transferencia de acciones de manera oculta en el 2016 de manera a que el ex presidente pudo adjudicar la concesión a su propia empresa.
“Nosotros tenemos la presunción de que él (Cartes) era el verdadero accionista”, sostuvo Canese.
La denuncia expone una serie de irregularidades entorno a la concesión, ya que esta fue prorrogada 7 años antes que termine el permiso de explotación (en 2023) que ya tenía en ese entonces Tape Porã.
Además para otorgar dicha concesión no se recurrió a la licitación como lo exige la Ley 1.618/2000, de Concesiones, que determina claramente que toda concesión debe volver a manos del Estado y, también, que si se va a volver a concesionar el servicio, debe recurrirse a pública licitación y que en ningún caso se debe volver a adjudicar a la misma concesionaria en forma directa, sin concurso alguno.
