En distintos allanamientos realizados, luego de la desaparición de la niña el pasado 15 de abril, se levantaron varias muestras, entre ellas rastros de sangre.
Los investigadores pretenden corroborar si las muestras halladas en sábanas y en el patio de la casa de Monte Pacará pertenecen a la pequeña de 7 años.
Hasta el momento, no se pudo determinar el paradero de la niña, cuya madre y su padrastro se encuentran detenidos e imputados en esta causa.
La madre fue trasladada a una penitenciaría luego de permanecer varios meses en la Comisaría 17 de Mujeres.
La madre de la niña guarda un hermético silencio y no colabora con los investigadores, así como el padrastro, un hombre de origen alemán, que guarda reclusión en la cárcel de Misiones.
El abogado Max Narváez, que representa legalmente a la pareja, había recusado a los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar y María Irena Álvarez, aduciendo que no eran objetivos en la investigación. Sin embargo, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó a los mismos en su labor.
El abogado siguió insistiendo en que deben ser apartados del caso por haber cometido, según él, varias irregularidades, como una reunión con el presidente Mario Abdo.
En la reunión el primer mandatario habría pedido informes sobre el trabajo y habría dado instrucciones. Para Narváez, esto atenta contra lo establecido en la Constitución Nacional.
El abogado también se había negado a la posibilidad de que la madre de la niña sea trasladada a una penitenciaría, porque supuestamente recibía amenazas.
Organizaciones como Madres de Emboscada y Ni Un Niño Más realizaron varias manifestaciones pidiendo que la mujer fuese llevada a un centro penitenciario, que finalmente se dio. “Mientras siga teniendo privilegios no soltará información alguna sobre el paradero de la niña”, expresaron a través de una nota.