19 abr. 2024

Piden intervención de fiscala general en supuesta extorsión

Allanamiento. La fiscala Sonia Pereira encabezó el procedimiento de supuesta extorsión.

Allanamiento. La fiscala Sonia Pereira encabezó el procedimiento de supuesta extorsión.

Bajo representación legal, una mujer solicitó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la realización de un “control cualitativo o de línea de la gestión fiscal” en las actuaciones de la fiscala de Luque, Sonia Pereira, en un caso de supuesta extorsión.

El documento fue promovido por el abogado Fabián Orrego, quien representa a una de las involucradas en el procedimiento que se realizó en una causa por supuesta extorsión y lamentó la falta de avances en la denuncia por violencia familiar que presentó su cliente.

Su defendida había sido detenida en el marco de una causa por supuesta extorsión vinculada a una denuncia por violencia familiar. El profesional cuestionó cómo rápidamente la mujer pasó de denunciante a denunciada.

Según los antecedentes, la mujer, quien volvió de España, denunció en el 2018 ante la fiscala Mirtha Ortiz a su esposo, por violencia familiar, abuso en niños y coacción sexual. En ese sentido, el abogado Orrego contó que la mujer era amenazada por el hombre de que si intentaba volver al país, quemaría la casa con sus hijos, madre y hermanas dentro.

Ante esta situación, la Fiscalía dictó orden de captura para el denunciado desde el 2019, pero el mismo sigue habitando su casa.

Sobre la detención de su defendida, en un allanamiento por supuesta extorsión encabezada por la fiscala Sonia Pereira en el despacho del presidente del Colegio de Abogados de Luque, Milciades Toledo, Orrego explicó que “en realidad fue el hombre denunciado por violencia familiar quien se comunicó varias veces con la familia de su esposa ofreciendo una conciliación a través de una compensación económica. Cansada y sin más esperanza en la Justicia, ella aceptó el acuerdo con la intención de llevar a su familia a rehacer su vida en España; sin embargo, fueron denunciados por extorsión y la Fiscalía allanó el estudio jurídico de Toledo y la detuvieron”.

Al respecto, Orrego lamentó que dicho caso se encuentre trabado y sin mayores avances. “Ella está cansada ya de tantos procedimientos. Ella vino en el 2018 y estamos finalizando el 2020 y todavía no hay respuestas, no hay justicia para ella. No avanza nada esto”, concluyó.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.