EFE, AFP y REUTERS
WASHINGTON, EEUU
Ecuador debe modificar algunas disposiciones del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación para cumplir con su obligación jurídica internacional de proteger y promover la libertad de expresión, señaló ayer Human Rights Watch (HRW).
En una carta dirigida a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, HRW dice que el proyecto de ley, apodado en ese país por varios medios de comunicación como ley mordaza, contiene medidas positivas, pero también identifica algunas disposiciones que deben ser corregidas con el fin de proteger el derecho de la libertad de expresión. “Esta ley, que incidirá profundamente en derechos fundamentales, es clave”, dice el comunicado de José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch.
“La verdadera libertad de expresión supone fomentar y facilitar el libre debate de ideas, y asegurarse de que las personas no sean sancionadas por expresar sus opiniones, incluso sobre temas que no sean populares”, indicó.
HRW considera positiva la prohibición expresa de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación en el proyecto de ley, y también el hecho de que fomentaría el uso de subtítulos o lenguaje de señas para facilitar un acceso más equitativo a quienes padecen discapacidades auditivas.
CENSURA PREVIA. No obstante, pide la modificación del artículo 9, el cual, al contener un lenguaje ambiguo, como la referencia a la información “veraz”, podría llevar a la censura previa. Si se lee conjuntamente con otro artículo, el 29, “se podría dar lugar a una típica situación de censura ilegítima”, ya que podrían aplicarse indebidamente para adoptar leyes que impidan la publicación o difusión de cualquier información que las autoridades consideren que “no es veraz”.
También se debe cambiar el artículo 102 del proyecto, el cual “posibilita la injerencia indebida por parte del Gobierno”, por ejemplo, al permitirle que se apliquen sanciones a medios de comunicación que incumplan sus propios códigos de ética. Convendría modificar el artículo 18, dado que, al exigir que todos los periodistas sean profesionales, contradice los estándares internacionales establecidos en la declaración de principios sobre libertad de expresión.
SIP CALIFICA DE RETROCESO
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó de “grave retroceso para la libertad de prensa” en Uruguay la decisión de una fiscala que pidió 24 meses de cárcel para el periodista de ese país Álvaro Alfonso por el delito de difamación. En su decisión del 2 de agosto, la fiscala Ana María Tellechea Reck solicitó la pena de prisión para Alfonso por un “delito de difamación en perjuicio de Carlos Alberto Tutzó López”, ex legislador departamental por Montevideo del Partido Comunista de Uruguay, señaló la SIP. Asimismo, pidió en su dictamen la incautación de libro Secretos del Partido Comunista, obra del citado periodista, en el que se cuenta que durante la dictadura militar uruguaya Tutzó “colaboró” con los militares en la identificación de compañeros suyos mientras estuvo detenido.