El proceso ya fue concluido y el interventor Amancio Rivas informó sobre la detección de un supuesto daño patrimonial de más de G. 18.000 millones, del periodo 2021-2022, bajo administración del intendente colorado cartista Gustavo Rodríguez. La Fiscalía imputó a Rodríguez por este caso y para Vallejo corresponde la destitución.
“Es realmente urgente que tomemos una decisión; consideramos que es procedente una destitución, conforme al informe del interventor; la situación es delicada, desde el punto de vista social, para la comunidad que no está conforme con la administración de este señor”, expresó la legisladora, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La urgencia se debe a los problemas sociales que desencadenó que en Diputados no se expidan sobre los resultados de la intervención, ya que Rodríguez intentó reasumir el cargo por la fuerza, pese a que hay un pedido de la Fiscalía de no acercarse a la Municipalidad.
“Ante las evidencias esperamos sensatez de los representantes de esta Cámara, para que las personas salpicadas por actos de corrupción, puedan responder por los hechos. El informe del interventor está ya en la Cámara de Diputados; es necesario plantearlo en el espacio de Sobre Tablas, o en el marco de una sesión extraordinaria”, manifestó Vallejo.
