“Vamos a terminar ampliando el Presupuesto para operadores. Habrá un despilfarro y chupada de medias de cara a las internas”, vaticinó el diputado Sebastián Villarejo antes de que la Cámara Baja diera media sanción al proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
Equivocado del todo, al menos, no estaba.
Es que, al momento de analizarse el PGN 2023 en la sesión del jueves pasado, los legisladores repitieron incansablemente que era hora de que el Estado reconozca la ardua labor que venía desarrollando el personal de blanco, algo que quedó como nunca en evidencia en la pandemia.
Bajo ese argumento, aprobaron un aumento de G. 500.000 para los enfermeros del sistema público y autorizaron millonarias reprogramaciones para incrementar las bonificaciones al plantel de hospitales como el Nacional de Itauguá, Trauma y Neuropsiquiátrico.
La misma consideración, sin embargo, no tuvieron estos mismos parlamentarios a la hora de la distribución de cargos para el año próximo.
Por recomendación de la Comisión Bicameral, Diputados dio media sanción a la creación de 3.611 cargos. De ese total, 2.263 incorporaciones fueron financiadas con la eliminación de puestos en entes claves. Así, finalmente, los nuevos cargos aprobados alcanzan los 1.348.
En ese sentido, del documento sancionado se observa que los legisladores le restaron 959 lugares al Ministerio de Salud, lugares asignados, en principio, justamente al personal de blanco.
Otras entidades a la que le restaron cargos, por ejemplo, son al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
¿A DÓNDE FUERON A PARAR? A semanas de las internas y ya adelantándose a las elecciones generales de abril del año que viene, Diputados redireccionó parte de los cargos eliminados para aumentar su clientela, pese a la evidente superpoblación que se puede apreciar a simple vista al ingresar al recinto parlamentario.
El PGN 2023, con media sanción, señala que la Cámara Baja podrá contratar a 96 personas desde enero, con la salvedad de que no tiene la obligación del concurso público ni las limitaciones para ubicar a parientes, ya que dentro de la misma normativa se autoexcluyó de cumplir con la Ley de la Función Pública y con la Ley de Racionalización del Gasto.
Además, fueron beneficiadas con la creación de cargos otras instituciones con muchos cuestionamientos, como la Fiscalía, que podrá contratar a 130 personas; el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a 60; la Corte Suprema de Justicia, otra entidad con notorio abarrotamiento, a 348; y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a 441, entre otras.
Con lo aprobado en Cámara Baja, el plantel público será de 317.731 en 2023, un incremento de 3.098 en comparación al de este año (ver las infografías).
Alerta. El Ministerio de Hacienda se mostró muy preocupado por el aumento del gasto salarial.
El titular de la cartera, Óscar Llamosas, criticó que se siga inflando el desembolso en remuneraciones, lo que genera mayor presión al Tesoro en un momento complicado y podría terminar por restar recursos a inversiones o programas sociales.
También cuestionó que Diputados haya aumentado la estimación de ingresos tributarios en más de G. 100.000 millones para financiar estas creaciones de cargo, lo que genera, en realidad, un desfinanciamiento del PGN.
Adelantó que desde mañana se iniciarán las conversaciones con los senadores, en busca de revertir estos cambios aprobados en Diputados. La Cámara Alta tiene hasta fin de mes para aceptar la media sanción inicial o introducir modificaciones.
El PGN 2023 quedó en G. 105,2 billones (USD 14.835 millones), lo que implica un déficit del 2,3% del PIB.
