Una situación similar pasa en los municipios. Las autoridades locales, en lugar de cobrar los impuestos en su territorio, esperan las transferencias del Ministerio de Hacienda. Esta “pereza fiscal” se relaciona con el prebendarismo político y económico. Prefieren no cobrar impuestos y trasladar el financiamiento de su gestión a otro ámbito. Los gobiernos locales al Gobierno central y el Gobierno central a los siguientes gobiernos.
El resultado final es el que tenemos hoy. Un Estado incapaz de garantizar infraestructura, salud y educación de calidad. Nuestra presión tributaria es una las más bajas del continente, lo cual también hace que los indicadores del desarrollo nos posicionen entre los tres países de peor desempeño, lejos del promedio latinoamericano y todavía más lejos del Cono Sur y Mercosur.
Además de las pésimas condiciones de vida se agregan la desigualdad, cuyo impacto se refleja en la persistencia de conflictividad social y política; la deslegitimidad y la baja confianza en la democracia, todos estos factores inhibidores del crecimiento económico a largo plazo. Es decir, estamos en un círculo vicioso del que ninguno de los últimos gobiernos tuvo la valentía de sacarnos, incluyendo este, situación que empeora con un progresivo aumento del endeudamiento, a un ritmo más rápido del que es posible financiar.
La solución a la que están apelando es la más fácil: realizar algunas obras, pero pasando para adelante la responsabilidad del pago.
El pago de la deuda se enfrenta a dos escenarios que ya se están viendo. El primero es la necesaria restricción presupuestaria, lo que se refleja en la imposibilidad de financiar servicios básicos como salud y educación en un país que depende del aumento de su capital humano para superar el bajo crecimiento y la dependencia económica.
El segundo escenario es la profundización de la desigualdad, ya que con la actual estructura tributaria el pago de la deuda terminará recayendo entre quienes tienen los menores ingresos y, pero aún, entre quienes no se beneficiaron con las inversiones financiadas con la deuda.
Por donde se analice, este patrón de endeudamiento público tiene problemas serios, tanto económicos como políticos. Y así como están las cosas no parece que las autoridades económicas tomen conciencia, ya que la situación viene repitiéndose desde 2012 sin cambios sustanciales en la calidad del gasto ni en la política tributaria.
Esperemos que el Congreso no empeore el Presupuesto aumentando gastos que no tienen fuente de financiamiento, menos aún en rubros que no tienen impacto en la ciudadanía. Si bien el proceso presupuestario debe ser participativo, esto no significa que deban pasarse por arriba los principios básicos que regulan la racionalidad y rigurosidad de este instrumento tan importante para la consecución de los objetivos del desarrollo.