El documento posee seis observaciones en total y uno de los aspectos más relevantes es que Petropar pudo haber donado –el 19 de marzo pasado– un total de 2.000 mascarillas vencidas al Ministerio de Salud Pública, similares a las que había adquirido la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en el marco de otra polémica compra.
El equipo auditor de la CGR encontró en Villa Elisa 765 unidades de tapabocas CG 310 Carbografite, de procedencia brasileña, durante la verificación “in situ”, las cuales supuestamente fueron las adquiridas debido a la pandemia; sin embargo, estas eran diferentes –conforme a las especificaciones técnicas– a las que debía proveer Solumedic SA, la empresa que fue adjudicada en el proceso.
Posteriormente, se verificó con la propia fabricante que los productos estaban vencidos y que incluso su producción fue discontinua hace años. Estas mascarillas son las que aparentemente formaron parte de la donación “poniendo en riesgo la salud del personal de blanco”, según el informe oficial de la Contraloría, que igualmente señala que se dispuso la remisión de esta observación en particular a la Dirección de Auditoría Forense de la propia CGR.
Otros. También, el reporte hace referencia a que los productos comprados a Solumedic fueron recibidos en Petropar el 27 de marzo, de acuerdo con la nota de remisión de la empresa proveedora y el acta de recepción, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que parte de los mismos fueron entregados a Salud Pública (Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso II) una semana antes.
El reporte, además, confirma que se procedió a la compra de por ejemplo el agua tónica y otros que no guardaba relación con la “urgencia impostergable”. Además, al momento de la llegada del equipo auditor, estos estaban guardados hacía casi un mes en un depósito. La Contraloría añade que los precios de adquisición acordados eran mayores a los de mercado, con una diferencia de más de G. 100 millones.
Del mismo modo, refiere que Petropar no pudo justificar la entrega de insumos y equipos por un valor superior a G. 80 millones, ya que no había documentos que respalden la distribución. Asimismo, se hace referencia a que la resolución que autorizaba el proceso de contratación tenía fecha y números enmendados, lo cual se puso a conocimiento de Asuntos Jurídicos del ente contralor.
A través del procedimiento de compra, realizado durante la gestión de Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar, la compañía adquirió botellas de agua tónica y mascarillas N95, entre otros productos. Según lo que se desprende de la evaluación de la CGR, hubo diferentes tipos de irregularidades en el caso, muchas de ellas indicios de hechos punibles.
