Esto se dio a conocer luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya comunicado su informe final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre el caso, en el cual se detallan diferentes tipos de irregularidades detectadas en el procedimiento por vía de la excepción, bajo argumento de urgencia impostergable (ID 382100).
Igualmente, Lichi explicó que se dispuso, el 11 de mayo pasado, una investigación interna que concluyó en la apertura de un sumario administrativo. Además, señaló que los funcionarios implicados en lo sucedido y que actualmente son investigados por el Ministerio Público han sido separados de sus cargos.
Sobre los otros dos procesos de adquisición realizados por la entidad ante la emergencia sanitaria, el de servicio de envasado de alcohol (ID 382.101) y el de reactivos e insumos (ID 382.306), el titular de Petropar refirió que en el primer caso se optó por la revocación del contrato -el pasado 27 de mayo- sin que se haya pagado nada a la empresa adjudicada; mientras que en el segundo se solicitó al Ministerio de Salud Pública -también el 27 de mayo- encargarse de la administración del contrato y su correspondiente desembolso.
En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Denis Lichi reconoció que le llamó la atención que Petropar haya sido designada para realizar compras de diferentes tipos de insumos con la finalidad de hacer frente a la pandemia y que cuando asumió en la institución solicitó los informes correspondientes para verificar la situación, ya que las denuncias al respecto causaron preocupación.
irregular. El informe de la Contraloría sobre el caso tuvo seis observaciones en total y uno de los aspectos más relevantes es que Petropar pudo haber donado –el 19 de marzo pasado– un total de 2.000 mascarillas vencidas a Salud Pública, similares a las que había adquirido la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en el marco de otra polémica adquisición.
Asimismo, detalla que los precios acordados por la empresa estatal eran superiores a los de mercado (ver infografía), con una diferencia de más de G. 100 millones. Igualmente, añade que no se pudo justificar la entrega de insumos y equipos por un valor superior a G. 80 millones -ya que no había documentos respaldatorios- entre otros.