Entre los desacuerdos, los referentes alegan un quiebre en el principio de legalidad a partir de la emisión de dictámenes jurídicos que contenían omisiones legales que dejaron fuera a varias agrupaciones, al mismo tiempo de señalar que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) no realizó un llamado nacional para la inscripción al proceso de creación del INAP, reduciendo esta dimensión solamente a un grupo urbano y de la capital agrupado en la Mesa Multisectorial del Audiovisual, que afirmó tener existencia legítima, pero no legal.
Reclamaron la participación efectiva de todos los actores del sector en los espacios de decisión que definirán la terna para la dirección del INAP y la designación de los miembros del consejo, proceso que actualmente se encuentra en desarrollo.
Trajeron a colación el caso ocurrido con la Asociación de Documentalistas del Paraguay (DocPy), que fue excluida en dos dictámenes y una resolución ministerial; sin embargo, luego de reclamos, fue incorporada al ámbito que conformará y gestionará el INAP, entendiéndose esta situación como un error reconocido y subsanado por el ministro.
Anunciaron que siete organizaciones se retiraron de la Mesa Multisectorial del Audiovisual, que llevó adelante la creación de la ley y el decreto reglamentario que condujo a la formación del INAP, por considerarla sectaria e ilegítima a estas alturas; y exigieron además la reinstalación de la Mesa Técnica del Audiovisual.
Control de fondos
Las organizaciones de actores (UAP y ANAI), guionistas (Kuatia), documentalistas (DOCPY), audiovisualistas del interior (ADAI) y musicalizadores del audiovisual (Acoma) quieren fiscalizar el uso de fondos públicos a través del INAP; reclaman participación y anuncian medidas legales.