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El perito Carlos González Cabello, que fue designado por el Juzgado de oficio, para el caso de la demanda de Benito Roggio e Hijos SA contra la Itaipú, usó el dictamen de otro perito, que representa al demandante, para presentarlo al juez. El documento es favorable a la accionante.
Recordemos que este es el juicio en donde el procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, si bien no litiga, sigue como apoderado de la firma demandante de la Binacional, donde reclama nada menos que G. 9.224.176.645.
Ante esta situación, los abogados de la Binacional impugnaron el dictamen, ya que supuestamente el perito, que debía ser imparcial, pidió dictamen al profesional Dr. Carlos Sosa Jovellanos, quien justamente ejerció la representación de la constructora ante el ente.
En otras palabras, pidió al abogado de la empresa accionante un dictamen para presentarlo luego al juez. Incluso, agregó la copia del mismo en su conclusión pericial.
El juez en lo Civil y Comercial, Hugo Becker, el 26 de diciembre pasado, resolvió rechazar el pedido de impugnar el dictamen pericial de González Cabello.
VICIADO. Según la Itaipú, esta situación “vició total y absolutamente dicho instrumento de prueba, habida cuenta que el citado profesional –Sosa Jovellanos– ejerce la representación de la Empresa Benito Roggio e Hijos”.
El ente incluso presentó una nota del 16 de marzo del 2012, donde Sosa Jovellanos, en representación de la firma Benito Roggio e Hijos, realizó el reclamo de los puntos debatidos en el juicio.
Para la Itaipú, “¿qué imparcialidad y objetividad podemos esperar de un perito que ha requerido un dictamen pericial a un abogado que representa nada más y nada menos que a la demandante?”.
PERITO. González Cabello fue nombrado como perito de oficio; es decir, no representó a ninguna de las partes, sino como imparcial del juzgado.
No obstante, para hacer su dictamen, según el mismo reconoce en su contestación al juzgado, “es cierto que he solicitado dictamen al Dr. Carlos Sosa Jovellanos sobre preguntas interpretativas de las cláusulas contractuales, cuya dilucidación corresponde al juez”.
“Es básicamente una tarea de hermenéutica que requiere el dictamen pericial, de una consulta técnica especializada como la que he recurrido”, afirma González Cabello.
Alegó que no sabía que Sosa Jovellanos era perito de Benito Roggio, pero que igual, eso no invalidaba su dictamen, ya que solo demuestra la “coincidencia con mi propia ponencia”.
TRASLADO. El abogado Raúl Lezcano, por la firma accionante, al contestar el traslado, dejó al juez decidir, aunque señaló que Sosa Jovellanos es un reconocido profesional, que también en algunos casos, dictaminó para la Itaipú.
El juez, al analizar el pedido, señala que hay que estar por la buena fe de los auxiliares de la justicia, y que en su momento, para la sentencia a la luz de la sana crítica, iba a analizar los dictámenes de los peritos.
Con estos argumentos, el magistrado rechazó el incidente que planteó la Itaipú Binacional contra la pericia.