El primero es el proyecto de declaración que remite al Ministerio Público el informe de la Embajada de Estados Unidos sobre las acusaciones contra Velázquez de tener nexos con el terrorismo y de sobornar a funcionarios para no ser investigado. También se insta a abrir una investigación penal.
El segundo es el proyecto de declaración que insta al vicepresidente a renunciar de su cargo debido a sus vinculaciones criminales.
Por otro lado, la semana pasada fue presentado un pedido de juicio político contra Velázquez, ante la Cámara de Diputados, por parte de Leo Rubin, candidato a senador del partido Fuerza Común, y Mercedes Canese, candidata a diputada del movimiento Corriente Unitaria por Central, ambos de las listas del Frente Guasu.
El motivo son las denuncias nacionales e internacionales por traición a la patria, lavado de dinero, tráfico de influencia, terrorismo, injerencia en otro poder del Estado y corrupción.
Entre los hechos citados para argumentar el pedido de juicio político se encuentra, primero, la firma en forma secreta del acta bilateral con Brasil sobre Itaipú, contrarios a los intereses nacionales.
El segundo hecho es la designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de Estados Unidos, junto a Horacio Cartes, como perpetradores de abusos graves contra los derechos humanos y corrupción. El tercero, el soborno denunciado, que sería de USD 1 millón, para evitar investigaciones en su contra.