Política

Pedidos de pensiones graciables siguen en Cámara de Diputados

 

La semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que establece la derogación de la ley que regula la concesión y aumento de pensiones graciables, que fue promulgada en el 2010. Sin embargo, en reunión de la mesa directiva realizada ayer nuevamente incluyeron en el orden del día tres proyectos que solicitan el otorgamiento de pensiones graciables.

Una de las personas a ser beneficiadas es Pablino Haedo Martínez, solicitado por el diputado liberal Antonio Buzarquis. Se pide G. 1.500.000 para el mismo, que alega sufrir de artritis y crisis hipertensiva

Otro pedido es para Tomás Valiente Silva. El proyecto fue presentado por un grupo de diputados colorados y liberales que solicitaron la suma de G. 1.500.000.

La tercera persona es Antonella Luján Franco. Es una niña de cinco años que sufre una “enfermedad congénita, rara e incurable”, dice el proyecto presentado por el colorado Derlis Maidana.

El legislador solicita un monto mensual de G. 2.000.000 para la niña.

La Ley 4027/10 fue creada para regular la concesión y aumento de pensiones graciables, y establece en uno de sus artículos que podrán acceder al subsidio las personas mayores de 60 años, imposibilitadas de generar los ingresos necesarios para una vida digna.

También señala que el beneficiario debe haber prestado significativos servicios al país, haberse destacado en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales. Ser ascendiente de conscriptos fallecidos en acto de servicio, que la pensión no supere el salario mínimo vigente y no sea menor al 70% del salario mínimo.

De acuerdo a los datos suministrados por los legisladores, son 404 las personas que perciben pensiones graciables del Estado, que insume el monto de G. 6.232 millones anuales.

El objetivo de las pensiones graciables es otorgarlas a las personas que las merezcan por los diversos servicios que hayan prestado a la nación, habiendo realizado algún acto heroico, que haya aportado algún servicio a toda la comunidad o en beneficio de gran parte de ella, pero la discrecionalidad en su otorgamiento deriva ahora en su posible derogación que está en manos del Senado.

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