La idea fue dada a conocer durante una manifestación en los Tribunales, donde los familiares entregaron una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que piden a los jueces que “no se dejen amedrentar” y mantengan las excarcelaciones a los condenados.
En la misiva manifiestan un “pavoroso y avergonzado sentimiento de profunda preocupación” por que “un sector minoritario, intolerante y violentista se arrogue una superioridad moral para defender los derechos humanos que ellos mismos vulneraron con la más absoluta impunidad judicial”, en alusión a la izquierda.
La carta fue elaborada por la “Corporación 11 de Septiembre”, que aglutina a partidarios de la dictadura de Pinochet (1973-1990), en la que reprochan además a diputados que promueven una acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema que hace algunas semanas excarcelaron a siete represores.
Las excarcelaciones reavivaron el debate sobre los crímenes de la dictadura y los criminales de lesa humanidad, a lo que se sumó una polémica sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, calificado de “un montaje” de la izquierda por un ministro de Sebastián Piñera, quien lo destituyó.
No obstante, el mandatario anunció la creación de un Museo de la Democracia que acoja “el contexto” en que se violaron los derechos humanos en Chile.
Sobre el “museo de la verdad”, Loreto Iturriaga, hija de un general encarcelado, afirmó que en Chile “la historia de los derechos humanos se sigue escribiendo solo y únicamente con la mano empuñada de la izquierda”.
A su juicio, el mismo derecho que tienen los familiares de las víctimas de la dictadura a tener un lugar para recordarlos, lo tienen “las víctimas civiles y uniformadas que fueron asesinados y desaparecidos a manos de las organizaciones terroristas de izquierda que operaron durante el régimen militar”.
Según Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación De Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ese museo sería “una apología al genocidio”.
“Se presiona para que en Chile se naturalicen los horrores que se cometieron durante la dictadura”, añadió, y acotó que en ese contexto, “se hace urgente legislar sobre el negacionismo” en Chile para sancionar a quienes defiendan o justifiquen los crímenes de la dictadura, dijo al diario La Tercera.
En diciembre de 2015 un informe del Ministerio del Interior señaló que 1.373 agentes de la dictadura enfrentaban a la Justicia por delitos de lesa humanidad, de los que 495 estaban procesados, 216 acusados y 662 habían sido condenados, 334 de ellos con sentencia ratificada por la Corte Suprema, pero solo 163 habían cumplido una pena de presidio efectivo.
El pasado julio, un informe de la Universidad Diego Portales dio cuenta de 350 causas abiertas por desapariciones, torturas o encierros ilegales, que involucran a unos 700 militares y agentes civiles, pero solo 76 habían sido condenados y 67 estaban efectivamente encarcelados.
De los 67 encarcelados, 36 eran del Ejército, 27 de Carabineros, dos de la Fuerza Aérea, uno de la Marina y uno a la Policía civil, según el documento.
De los nueve restantes, seis pudieron cumplir sus condenas fuera del penal y los otros tres fallecieron.
