Paraguay no cuenta con una política que establezca objetivos claros ni recursos suficientes para el manejo de los residuos orgánicos (excretas) que afectan no solo a la salud de manera directa e inmediata, sino también indirectamente y a largo plazo a través de los daños ambientales que genera.
El Estado ha destinado recursos para la infraestructura en saneamiento, lo que permitió avanzar en las coberturas de servicios y cumplir ciertas metas comprometidas a nivel internacional como los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre 2000 y 2015. No obstante, todavía queda bastante por hacer para cubrir la brecha de cobertura y sobre todo mejorar la calidad, así como el tratamiento de los residuos.
En 2015, el Gobierno se comprometió, junto con la mayoría de los países del mundo a cumplir el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. La meta es, al 2030, “lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables”.
Este objetivo y sus respectivas metas implican, entre otras, una cobertura del 100% para el año 2030, lo cual significa un fuerte esfuerzo no solo en las áreas urbanas sino también rurales, incluyendo a la población indígena, que es donde actualmente la cobertura es más baja.
Adicionalmente, el cumplimiento del Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, requiere que el país cuente con este servicio por sus implicancias en el logro de los indicadores sanitarios. Si bien Paraguay se encuentra en transición hacia un perfil epidemiológico en el que aumentan las causas de enfermedades y de mortalidad relacionadas con problemas cardiovasculares y cánceres, las patologías infectocontagiosas tienen una alta incidencia. Muchas de estas enfermedades tienen origen en la falta de servicios de agua potable y saneamiento.
Debido a las importantes externalidades positivas que tiene este servicio, el rol del Estado es central en su provisión. Es urgente que el país tome conciencia de la necesidad de ampliar la cobertura y para eso se requieren recursos.
Todos debemos hacer el esfuerzo de pagar los impuestos que nos corresponden y contribuir a la universalización del servicio. No solo está en juego el bienestar presente, sino fundamentalmente el futuro, dado que una buena gestión tendrá un impacto también en la sostenibilidad ambiental de las fuentes subterráneas de agua.
