Durante las manifestaciones, los pobladores apelaron al folclórico recurso del Judas Kái, para quemar muñecos tanto con la imagen del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del ministro de Hacienda, Benigno López, como el del senador esteño Javier Zacaría Irún y su esposa, la ex intendenta municipal, Sandra McLeod de Zacarías, como de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, entre otras autoridades.
Los ciudadanos esteños tienen bien identificados a los responsables de la situación que padecen. Por un lado, cuestionan al Gobierno actual por la falta de un apoyo más decidido a los comerciantes que han debido cerrar sus locales ante la pandemia y a los miles de trabajadores cesados que han quedado sin fuentes de sustento, pero también contra los principales miembros del clan Zacarías, que a pesar de múltiples acusaciones e indicios de graves irregularidades comprobados durante todos los años que ejercieron el poder, continúan librándose de la Justicia, gracias a numerosas chicanas y a una evidente complicidad de quienes deciden en ambas instituciones, a través de los evidentes nexos que mantienen.
Casi todos los casos judiciales iniciados contra la familia de políticos esteños están en proceso de blanqueamiento, atendiendo a que la familia Zacarías ya tiene sobreseimientos en dos casos de lesión de confianza y ya se había rechazado la reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito.
La situación no deja de ser indignante cuando, en estos mismos días, una persona acusada de robar pomelos en el patio de una casa fue sometida con todo rigor ante la Justicia.
En ese mismo contexto se deben entender las protestas ante el reciente nombramiento del nuevo fiscal adjunto de Alto Paraná y Canindeyú, Humberto Rosetti, a quien los directivos del Colegio de Abogados del Alto Paraná, entre otros sectores, acusan de tener graves antecedentes y de ser parte de la rosca que maneja la Fiscalía y la Justicia en la región.
También sigue funcionando la estructura de tráfico ilegal en la frontera, tal como lo ha puesto en evidencia el violento enfrentamiento entre efectivos de la Marina y contrabandistas en el barrio costero San Miguel de Ciudad del Este, en la madrugada del jueves, que derivó en el lamentable fallecimiento de un oficial de la Armada. La movilización de la ciudadanía esteña debe ser respaldada por el resto de la sociedad que busca un país más transparente. Para superar la crisis, se debe desterrar la corrupción en el Este.