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Para que Cones y Aneaes dependan del MEC, proponen cambiar la ley

Horacio Galeano, ex ministro de Educación, planteará que los dos entes que regulan la educación superior sean direcciones de Educación. Dijo que presentará, en breve, el proyecto sobre el tema.

El hecho de estar constituido por rectores de universidades públicas y privadas le dio un sesgo corporativista –que ciñe como una sombra– al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Esta situación, sumada al manejo discrecional de las elecciones de representantes docentes y estudiantes, reflotó la discusión de reestructurar el ente rector y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Nosotros queremos plantear que el Cones y la Aneaes pasen a depender directamente como una dirección general del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)”, expresó el Dr. Horacio Galeano Perrone, ex ministro de Educación, quien –dijo– junto a un equipo jurídico y de colaboradores están preparando esa iniciativa, a ser presentada en su momento al Poder Legislativo.

“Eso vamos a plantear dentro de diez a quince días. Que la Aneaes pase a ser una Dirección General de Evaluación y Acreditación y que el Cones sea otra Dirección General, encargada del catastro de las carreras que se ofertan”, deslizó como una idea inicial.

La intención de presentar este proyecto de ley, se precipitó –según apuntó– con la reciente convocatoria que hiciera el Cones para elección de representantes docentes y estudiantiles. “Hay irregularidades como que no se llamó en tiempo y forma, no se realizó la convocatoria por los medios adecuados.”, enumeró las razones por la que solicitaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la nulidad de dicho proceso comicial.

Indicó que de las 47 universidades privadas solo figuran, en el prepadrón, 16 representantes de ambos estamentos señalados. Por lo que, entienden, se violan normas de elecciones libres y directas, ya que no se hace una elección, sino una designación entre cuatro paredes y no participan todas las entidades educativas. El Tribunal Electoral de la capital hizo lugar a dicho pedido. “Es una cuestión trascendental, jurídica y procesalmente; y políticamente es contundente: El Cones está muy mal manejado y esta resolución marca las irregularidades de una institución que tenía que haber velado por la transparencia de este proceso”, sostuvo.

El abogado y consultor docente, Jorge Rolón Luna, recibe de buen grado que se ponga en discusión la Ley 4995/13 de Educación Superior.

A su parecer, el Cones está incurriendo en un “manejo arbitrario y opaco, con presunciones de corrupción”, expuso en alusión al proceso electoral que quedó trunco y que, a la sazón, patrocinó en calidad de abogado defensor.

“Esa ley que genera un cuerpo mixto de integración, que le permite hacer lo que quiera y en el momento en que no hay participación directa de estudiantes y docentes no garantiza un manejo claro y transparente”, apuntó.

Insiste en que la transparencia debe ser norma en la elección de un órgano que decide la apertura, intervención o cierre de carreras.

"El diseño de lo que está en la ley (de Educación Superior) debe ser discutido. En hora buena que se plantee eso". Jorge Rolón Luna, abogado y escritor.



Nacionalizar facultades de Medicina
Frente al desbarajuste del sistema de educación superior, en la que proliferan las ofertas de salud de manera incontrolada, existe una idea de “nacionalizar” las carreras de Medicina.
“Vamos a plantear que las facultades de Medicina de las universidades privadas pasen a ser controladas y supervisadas en un proceso de nacionalización de esas facultades, sin perder la autonomía de las universidades”, anunció el Dr. Horacio Galeano Perrone.
Apuntó que esa iniciativa se plasmará para el siguiente periodo legislativo. Y, a priori, lo que proyectan es que las entidades del sector privado “pasen a depender administrativa y académicamente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)”.
El ex ministro postuló que el objetivo será evitar que se “proliferen” los médicos improvisados, que posteriormente ponen en riesgo la vida de los pacientes.

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