Estudios realizados por organizaciones indígenas, financiados por el Banco Mundial, revelan que los pueblos indígenas perciben que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de testeo, tratamiento y rehabilitación; que los costos asociados a la atención por coronavirus -usualmente en centros urbanos alejados- están fuera de su alcance, y que problemas crónicos como malnutrición, enfermedades respiratorias y diabetes agravan el cuadro sanitario.
Las comunidades han visto sus ingresos menguados por la menor actividad y sufren el cierre de mercados locales. Algunos alimentos e insumos básicos para la higiene, como jabón y cloro, no se consiguen en sus comunidades o se encarecieron mucho. Y las ayudas estatales no siempre llegan o requieren de los trámites electrónicos, cuentas de banco o facturas de servicios, exigencias que no contemplan la realidad de las comunidades.
Los pueblos indígenas representan el 8% de la población de la región. Forman parte del 14% de la población en situación de pobreza y el 17% de pobreza extrema.
“Es decir, en forma desproporcionada integran las filas de los más vulnerables. Esto se traduce en menos acceso a servicios de salud, menos recursos para comprar insumos básicos y más exposición al contagio”, detalló Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
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