La medida de fuerza comenzó a la medianoche de ayer y culminó cuando alumnos y padres llegaron a un acuerdo con la supervisión administrativa de la zona.
Luego de llegar a un acuerdo con la supervisión local, suspendieron la protesta y abrieron los portones del centro educativo. Las negociaciones incluyen una investigación a la gestión del director Gabriel Ávalos, una asamblea entre padres que decidirá la continuidad o no de la cooperadora escolar.
Además se comprometieron a dejar de cobrar los G. 1.000 por utilizar el sanitario, que ni siquiera se encuentra en condiciones óptimas de acuerdo con la denuncia de los jóvenes.
“Nosotros llegamos a un acuerdo con los supervisores administrativos, levantamos la toma, pero vamos a estar siguiendo de cerca lo prometido por las autoridades”, aseguró uno de los estudiantes.
En el caso del presunto fraude de la cooperadora escolar, incluso hay denuncias por supuestas falsificaciones de firmas de miembros de la comisión directiva, que ni estaban enterados de que fueron electos.
La nueva asamblea deberá realizarse con al menos el 20% de las familias que componen la institución educativa, donde figuran matriculados poco más de 1.000 alumnos.
