A cambio de los votos de los partidos separatistas, indispensables para acceder a un nuevo mandato como presidente del Gobierno, el líder socialista hizo algunas grandes concesiones, además de comprometerse a impulsar una ley de amnistía para los independentistas procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de 2017.
A pedido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido independentista que gobierna ahora la región, Sánchez aceptó anular 15.000 millones de euros (unos 16.000 millones de dólares) de la deuda contraída por Cataluña con el Estado tras la crisis financiera de 2008. Pese a que los socialistas prometen que este acuerdo se extenderá también a todas las regiones que recurrieron a este fondo -creado por el Estado para auxiliar a las comunidades autónomas asfixiadas durante aquel complejo periodo-, el acuerdo levantó muchas suspicacias en muchas comunidades, tanto de izquierdas como de derechas.
Los socialistas aseguran en el texto que pretenden apostar por “medidas que permitan la autonomía financiera” de Cataluña y que faciliten su acceso a los mercados financieros, en respuesta a Junts, que reclama de su lado “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan” en la región.
Una medida así provocaría “la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles” y crearía “Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda”, denunció la asociación de inspectores de hacienda.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez optó por “privilegiar a una minoría en detrimento de una mayoría, y la igualdad entre los españoles”, consideró el jefe de la oposición (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también crítico hacia la anulación de una parte de la deuda catalana.
Un reproche que comparten varios economistas, que temen que se abra ahora una caja de Pandora, costosa para el Estado, después de que varias regiones como Andalucía hayan reclamado ya que se anule parte de su deuda atendiendo a la igualdad de tratamiento. EFE
