El recorte presupuestario que sufrieron las organizaciones no gubernamentales y fundaciones en la Cámara de Senadores, no es sino una muestra más de la manera poco inteligente con la que muchas veces los políticos toman decisiones sin tener en cuenta lo que verdaderamente conviene al pueblo que los eligió. De esta manera, con la supuesta intención de transparentar y auditar las instituciones que reciben la ayuda estatal, se castiga injustamente a miles de personas que reciben en estos lugares la atención y el cuidado que el Estado es incapaz de brindarles.
En un volante que está circulando por las redes sociales, a modo de ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuantifica en unos G. 331 millones anuales lo que el Estado ahorra solo en sueldos, sin tener en cuenta capacitaciones, equipamiento, insumos y gastos corrientes que tiene esta institución que en realidad equivale a unos 75 millones de dólares. En esta misma situación están las escuelas, hospicios u hogares de ancianos y niños que están sostenidos o dependen de las fundaciones y entidades sin fines de lucro, que evidentemente dan mucho más de lo que reciben; y eso que es una responsabilidad constitucional de las autoridades nacionales el velar por la seguridad pública, la educación y la salud de la población.
Sería bueno que la clase política de nuestro país se interese un poco más en conocer lo que significa el principio de subsidiariedad, que es una de las formas más prácticas de promover las iniciativas de la sociedad civil y responder a las necesidades concretas de la población más vulnerable.
Es así como en los países del Primer Mundo han logrado avanzar con más sociedad, más responsabilidad y protagonismo ciudadano.
En una de sus columnas publicadas en ÚH en 2009, el profesor Dr. Mario Ramos-Reyes afirmaba que la política de la subsidiariedad es la concreción del auténtico pluralismo social, pues garantiza y propone que lo que los grupos o entidades sociales pueden hacer por sí mismos no debe ser usurpado por la autoridad del Estado.
Añadía que una política de subsidiariedad, “encarna precisamente lo contrario del intento del totalitarismo estatal y de la política del pobrismo igualitarista que solo busca clientes y no ciudadanos emprendedores”. En conclusión, la subsidiariedad es “contraria a una prédica lastimera y paternalista, que solo induce a la baja estima de los ciudadanos, en donde el Estado y el que posee la administración general del mismo pretenden fungir de salvadores, cuando lo que hacen es generar más dependencia e inmadurez cívica”.
Este es el modelo de Estado que nos gustaría tener, con una clase política madura e inteligente, capaz de proponer y apoyar las iniciativas ciudadanas, que promuevan el bienestar de la población y mejoren su calidad de vida.