Nuevamente, el juicio oral para la ex defensora general Noyme Yore Ismael, acusada por usurpación de funciones públicas, se suspenderá, debido a la inhibición de los jueces del Tribunal de Sentencia.
El tribunal que fijó la fecha para el juzgamiento a partir de este viernes, 1 de febrero, integrado por los magistrados Rossana Maldonado, Juan Carlos Zárate y María Luz Martínez, se desintegró en diciembre pasado.
La primera en inhibirse fue la jueza María Luz Martínez. Después, la jueza Rossana Maldonado, que interinaba a su colega Nilda Giménez, que había sido suspendida, pasó el caso a su colega Mercedes Carolina Aguirre, que asumió el juzgado de Giménez.
La nueva jueza Aguirre, ya en los últimos días de diciembre, se excusó de la causa, y le pasó al miembro que quedaba del tribunal, Juan Carlos Zárate, para que este asuma la presidencia del tribunal de Sentencia.
No obstante, según informaron en su juzgado, el expediente aún no fue recibido materialmente, y el juez Zárate una vez que tenga el expediente deberá integrar el tribunal con otros colegas.
Este proceso se dará recién el 1 de febrero, al concluir la feria, ya que en enero el expediente quedó paralizado en la última actuación.
Con ello, es imposible que cualquier juez sorteado acepte iniciar un juicio oral ese primer día hábil en los tribunales.
Así, es prácticamente un hecho que el juicio oral a la ex defensora general no se realice. Es más, ya el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, señaló que aún no pudo notificar a sus testigos, y por la inhibición de los jueces, dice que ya no se hará el juicio oral.
La ex defensora Noyme Yore Ismael debía ser juzgada en diciembre pasado, pero el proceso se suspendió porque solo un día antes del juicio se terminó de conformar el Tribunal de Sentencia, por lo que se aplazó para el 1 de febrero de 2019, a la vuelta de la feria judicial.
En el caso, tras la investigación llevada adelante por la fiscala Victoria Acuña, Yore fue acusada por el hecho punible de usurpación de funciones públicas al designar a abogados como defensores del Estado en varios puntos del interior del país.
Varios de los procesados ya tuvieron salidas alternativas a la causa.