La orden es del juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás. La disposición es que sea detenido para comparecer de manera obligatoria ante la Justicia.
En octubre de este año, el Ministerio Público imputó al intendente Francisco Arnaldo Chávez. Además, se solicitó la prisión preventiva.
Posteriormente, el jefe comunal fue convocado a una audiencia de imposición de medidas, en la cual no se presentó en estos días. Alegó problemas de salud, por lo que el juzgado ordenó su captura y se declaró su rebeldía.
La abogada Petrona Vega, asesora jurídica, en nombre de la Junta Municipal de Independencia, presentó una querella adhesiva el pedido al juzgado.
CASO BAJO LA LUPA. El 19 de junio pasado, los agentes del Ministerio Público y de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de Asunción realizaron un allanamiento en el auditorio municipal, donde se encontraron más de 3.000 kilos de azúcar, de origen brasileño, presumiblemente de contrabando.
En aquel entonces, el allanamiento a la Municipalidad de Independencia estuvo encabezado por el fiscal anticontrabando Miguel Quintana, acompañado por agentes de la Policía Nacional.
El azúcar fue incautada en el salón auditorio de la Municipalidad de Independencia, donde el cargamento fue guardado aparentemente a escondidas. El encargado del recinto señaló desconocer qué había dentro del salón y que ni siquiera estuvo presente cuando se depositó el azúcar en el sitio.
Según los datos, esa cantidad de azúcar se pretendía repartir a través de los kits alimenticios que se estaban preparando para entregar a los pobladores de la zona por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
El presidente de la Junta Municipal, José Antonio Resquín, dijo que este es solo uno de los 11 procesos judiciales que el intendente tiene en su contra e indicó que ninguna de las denuncias las hizo la Junta Municipal, añadiendo que algunos ediles incluso encubren las acciones del intendente.
De las 11 denuncias, tres son por daño patrimonial, una por supuesto contrabando de azúcar, siete por presunta producción de documentos de contenido falso y falsificación de firmas.
En su momento, el fiscal Édgar Gustavo Sánchez había formulado la imputación contra el intendente por contrabando de azúcar y además solicitó su prisión preventiva.