Un grupo de referentes de la oposición anunció que solicitará una reunión con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que podría darse hoy, para solicitar que no se dejen impunes los casos emblemáticos de corrupción, que fueron cajoneados en la gestión anterior, liderada por Sandra Quiñónez.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, detalló que el pedido se hará a nombre del Frente Parlamentario contra la Corrupción, del que es presidenta, pero que el tema central será solicitar que sean auditadas las cuentas y los gastos del Ministerio Público.
Kattya recordó que mediante acciones de inconstitucionalidad, se trabó el ingreso de la Contraloría a la Fiscalía General, que remitió sus rendiciones al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. “Vamos a pedir que se retiren de ahí y que vayan a la Contraloría. Además de solicitar que eso no vuelva a pasar”, manifestó la legisladora.
Este problema no es solo del Ministerio Público. Un centenar de instituciones ponen trabas para que la Contraloría General República (CGR) no pueda auditar las rendiciones de cuentas.
Por este motivo, fue elaborado un proyecto de ley impulsado por el mismo contralor Camilo Benítez, que todavía se encuentra en la Cámara de Diputados.
Se trata de la propuesta de ley “que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley N° 879/1981, Código de Organización Judicial”, que tiene como finalidad delimitar en su composición y funciones al Tribunal de Cuentas. Esto, debido a que las instituciones presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ley que faculta a la Contraloría ejercer control, basándose en esta normativa.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, uno de los proyectistas, indicó que los entes que imponen este bloqueo superan la cantidad de 100.
“El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a esa instancia nunca hay resultado y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 instituciones en esa situación”, detalló.
Entre esas instituciones se encuentran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las gobernaciones y las intendencias. “Hoy en día, esta función constitucional no se puede cumplir en todas las instituciones y entidades públicas porque se ha presentado una acción de inconstitucionalidad a la Ley 2248/2003, que prosperó”, manifestó el legislador.
Benítez explicó que las entidades no ponen a consideración de la CGR los documentos referentes a sus cuentas, pero sí al Tribunal de Cuentas, pese a que la Carta Magna desde 1992 retiró a esa institución la atribución de juzgamiento de cuentas.
En el proyecto se detalla que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de la ejecución de los gastos públicos.
Benítez apuntó que el hecho de que se pongan estas trabas tiene relación con la búsqueda de un blanqueo.
“Este sistema favorece la corrupción. Los entes al parecer buscan una protección que va hacia el blanqueo”, aseguró Benítez.
Actualmente, la Fiscalía se muestra abierta al ingreso de la Contraloría.
En destaque
“Vamos a pedir que se retiren las rendiciones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y vayan a la Contraloría”. Kattya González, diputada del PEN.
“El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones, más de 100, operen en impunidad”. Jorge Ávalos Mariño, diputado del PLRA.
