EFE
“La Mesa de la Unidad Democrática junto a sus tres gobernadores ha querido fijar posición pública ante lo que no dudamos en calificar como un intento de golpe de estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de manera nítida, clara, rotunda y pacífica el pasado 6 de diciembre”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
En los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre la oposición venezolana obtuvo 112 escaños frente a 55 del oficialismo.
El vocero de la coalición dijo en una rueda de prensa que el Tribunal Supremo (TSJ) había anunciado que entraba en etapa vacacional desde el 11 de diciembre hasta el 7 de enero y este martes abrió sus puertas para recibir el recurso que introdujo el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) contra los 22 diputados.
“Estamos hablando del expediente 2015-00139 en el cual se produce este intento de golpe de estado judicial, es un recurso contencioso electoral ordinario pero acompañado por una (medida) cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados”, señaló Torrealba.
El vocero de la alianza hizo la denuncia acompañado por el dos veces candidato presidencial y gobernador del estado Miranda Henrique Capriles, así como por otros dos gobernantes regionales y otros líderes opositores.
“Lamento no poder darles más detalles”, dijo Torrealba, quien señaló que los abogados de la oposición se presentaron en el TSJ para que les proporcionaran una copia del expediente introducido por el PSUV pero “se produjo una contraorden de la presidenta de la sala (electoral)” de la Corte y no pudieron obtener el documento.
Dijo que la oposición aún desconoce contra qué diputados es la medida que está introduciendo el PSUV pues esta ha sido una “operación secreta, encapuchada”, una medida que calificó de “suicida” por parte del Gobierno.
“Oponiéndose a la voluntad del pueblo, están perdiendo lo poquito que les quedaba de legitimidad”, señaló.
Informó que la MUD ya se comunicó con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y directamente con el expresidente dominicano Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de este mecanismo en las legislativas de diciembre en las que la oposición logró una mayoría “calificada” de dos tercios.
Asimismo, dijo que la alianza también se comunicó con la Organización de Estados Americanos (OEA), con la Unión Europea y con “los jefes de parlamentos de todo el hemisferio para que estén en estado de alerta en función de lo que está ocurriendo, porque es muy grave”.
Recordó que la Constitución venezolana establece que la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debe instalarse el próximo 5 de enero con los representantes que resultaron electos en las legislativas, por lo que este intento de cortar el bloque parlamentario es una “agresión directa al texto constitucional”.
“En este momento todos los diputados están acreditados, todos tienen su credencial porque tienen todos los recursos para haber sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral. El cuerpo de la Asamblea Nacional está electo y acreditado”, dijo.
