Sin embargo, un operativo contra el EPP con controversial epílogo desplazó la grave crisis sanitaria de la agenda mediática.
Y no fue el único asunto relegado. También pasó al olvido la presentación del Presupuesto General de la Nación. En el contexto de la pandemia, la crisis económica con un futuro incierto, debería ser uno de los asuntos más importantes de debate entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los necesarios consensos partidarios para evitar irresponsabilidades políticas en tiempos de austeridad inevitable.
Otro tema arrinconado fue la acusación contra el hoy ex ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, procesado por lavado de dinero, coima y asociación criminal en un caso de adquisición de merienda escolar. A las graves denuncias de corrupción, se sumaron las sospechas de instrumentación de la Fiscalía por parte del cartismo, que como juez supremo decidió qué cabeza entregar a la Justicia y a quién blindar. La duda sobre el uso político del Ministerio Público se concretó en la Cámara de Diputados, cuando colorados oficialistas y cartistas, además de sus siempre leales liberales llanistas, rechazaron el desafuero del diputado Éver Noguera, procesado en la misma causa de Friedmann, alegando “inseguridad jurídica”. Este salvataje selectivo muestra que el enemigo a eliminar es solamente el ex gobernador y no los demás supuestos corruptos denunciados por la Fiscalía. El discurso anticorrupción fue devorado por la revancha personal del líder de Honor Colorado.
GIRO RADICAL. Todos estos debates se diluyeron el miércoles al mediodía cuando informaciones daban cuenta de un nuevo enfrentamiento contra el Ejército del Pueblo Paraguayo en Concepción. En las primeras horas se mencionaba inclusive que una de las abatidas sería Magna Meza, una de las principales cabecillas del grupo. El presidente Mario Abdo Benítez se trasladó inmediatamente. Había triunfalismo en el ambiente. El presidente escribió en su Twitter: “Hemos tenido un operativo exitoso contra el EPP”. Luego voceros militares revelaron que las fallecidas eran menores de edad.
Y se vino la noche para el Gobierno. Al clima triunfal suplieron las contradicciones, las excusas y los errores de procedimiento cobraron dimensiones épicas. Generales, fiscales, forenses y policías explicaron una y otra vez sin convencer cómo un operativo planificado, el epílogo sea la muerte de dos niñas de 11 años (según la documentación argentina) y que los principales líderes del EPP una vez más se escaparon. Niñas, que por cierto no son sino víctimas de su propia historia personal, utilizadas como carne de cañón por sus progenitores.
La noticia superó las fronteras. Organizaciones internacionales como Unicef, CIDH y otros salieron a reclamar el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes. Lo más grave, la crispación diplomática con Argentina que emitió un duro comunicado, puntualizando su protesta contra el general Héctor Grau, escrito en un tono que sorprendió al gobierno paraguayo. Este malestar diplomático, que aún no llega a crisis, sin embargo, puede escalar si las explicaciones paraguayas no llenan sus expectativas.
¿Por qué el presidente de la República se expuso de esta manera, quedando en el foco de cuestionamientos directos? ¿Se trasladó al teatro de operaciones porque le pasaron información incompleta sobre la identidad de las abatidas y quiso estar para mostrar el trofeo? Lo cual sería un gravísimo error de inteligencia militar. ¿O, fue nuevamente su indisimulada fascinación con lo militar que no le permite razonar en qué momentos un comandante en jefe debe hacer acto de presencia?
En medio de las críticas, aparece nuevamente la comunicación como eslabón débil de un Gobierno que comete errores con insólita frecuencia. Cantar victoria antes de tiempo, demasiados voceros (algunos sin la información militar adecuada) que hablan demasiado dando lugar a contradicciones, un ministro de Defensa ausente, un fiscal y un forense que generan dudas por la impericia de sus actos y una sepultura demasiado rápida, como si con ello quisieron enterrar las dudas, poblaron el escenario de preguntas, dudas y sospechas, abrió frente con los organismos de DDHH y crispó la relación con un país vecino.
La Fuerza de Tarea Conjunta y otros órganos institucionales implicados en estos operativos no solamente deben adecuar sus actos dentro de la ley, sino deben hacerlo con transparencia, rendición de cuentas y sentido de Justicia. Estas premisas marcan la diferencia con el EPP, que hace demasiado tiempo siembra muerte y zozobra en el país y debe ser extirpado con todas las armas que el Estado otorga para recobrar territorios liberados, por la seguridad ciudadana y en defensa de la democracia.
