Existe una descoordinación en el Gobierno en materia de seguridad. Ello quedó evidenciado el pasado viernes cuando la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía realizaron el Operativo Espada, que terminó con doce personas detenidas, entre ellas seis policías, y la incautación de una avioneta con 302 kilos de cocaína.
A más del descontrol policial quedó en evidencia que el Ministerio del Interior no tiene autoridad sobre la Policía Nacional, y las acciones de los policías vinculados a escándalos también son señales de que la Comandancia no ejerce control sobre la fuerza, y que ambos estamentos ni siquiera están bien informados de lo que ocurre en filas policiales.
La descoordinación fue tan visible el pasado viernes 17 de mayo cuando el presidente Mario Abdo Benítez, el ministro Juan Ernesto Villamayor y el comandante Walter Vázquez coincidían en el mismo acto, en la Agrupación Especializada. Los dos últimos no sabían lo que ocurrió en la colonia Hugua Rey.
A las 08.43 el mandatario informaba a través de su cuenta de Twitter el exitoso operativo de la Senad y la fiscala Lorena Ledesma. Sin embargo, a las 10.00, tras el acto en la Agrupación FOPE, primero el comandante Vázquez daba informaciones erróneas, y finalmente decía que no tenía información.
Y luego, el ministro Villamayor, también perdido en la escena, hablaba que el operativo de la detención de policías era una cuestión de “juegos de celos y protagonismo” por parte de la Senad, hecho comunicacionalmente desacertado, que denota que el secretario de Estado hablaba sin manejar el tema.
El canon. Luego de las declaraciones de las doce personas detenidas en el marco del Operativo Espada realizada el pasado viernes en la colonia Hugua Rey de General Aquino, se obtuvieron nuevos datos. Los uniformados policiales del Departamento de San Pedro supuestamente cobraban como mínimo 50 mil dólares por cada cargamento de droga que aterrizaba en las pistas clandestinas que los mismos controlaban.
Desde la Fiscalía explicaron que esperan más informes técnicos para determinar si los uniformados solo recaudaban dinero por cada cargamento de cocaína o si formaban parte activa de las actividades ilícitas de distintos carteles.
Recordemos que los investigadores también sospechan que los uniformados policiales administraban viejas pistas de aterrizaje de marihuana, en desuso, y que eran presuntamente ofertadas a grupos de traficantes de cocaína.
En cuanto al cobro de cada carga, los agentes supuestamente utilizaban los recursos de la Policía Nacional para llegar hasta las pistas cuando aterrizaban las narcoavionetas en las pistas clandestinas, y poder cobrar así una importante suma de dinero para dejar ingresar un producto ilegal al país y permitir su circulación.
El monto de la recaudación dependía de la cantidad de carga que baje en las pistas, y como mínimo recaudaban más de 300 millones de guaraníes en cada operación.
Hubo denuncias de recaudación en San Pedro
Recordemos que el actual comandante de la Policía, Walter Vázquez había sido director de Policía de San Pedro, y los medios se habían hecho eco de las quejas de los subalternos, que en julio del 2018 habían denunciado que eran obligados a “pagar una cuota” para seguir siendo jefes de comisaría en la zona.
Incluso colonos criticaron traslados irregulares de uniformados honestos a cambio de “recaudadores para la corona”.
Llamativamente ahora, el escándalo de recaudación de “polinarcos” se da justamente en San Pedro, donde estuvo como director el actual comandante, y que además conoce la zona. A esto se le suma que las pistas que supuestamente manejan el grupo de policías son antiguas.
Juez decretó prisión para los doce detenidos
El juez Elio Rubén Ovelar decretó ayer la prisión preventiva de los seis policías y seis civiles que fueron imputados por la operación Espada.
Se trata de los policías Édgar Diosnel Sosa Melgarejo, Antonio Joel Quiñónez Lara, Pablo Cabrera Escobar, Juan José Benítez Achucarro, José David Alonzo Salinas y Víctor Daniel Dávalos Peralta. Asimismo Ramón Giménez Velázquez, Amado Pérez Marecos, Carlos Escobar Núñez, Celso Benítez Fleitas, Carlos César Ayala Marecos, y el piloto boliviano Luis Darío Candia Zelada.
La fiscala Lorena Ledesma los imputó por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y por facilitación de los medios para el tráfico de drogas y extorsión agravada.
Los policías fueron imputados por trasgresión del artículo 40 de la ley antidrogas, que se refiere a que “el funcionario encargado de la prevención de los delitos previstos en esta ley, que omitiere tomar las providencias necesarias para evitar la comisión de dichos delitos o su castigo”, asociación criminal y extorsión agravada. Los policías van a la Agrupación Especializada y los civiles a Tacumbú.
