El abogado Ezequiel Santagada sostuvo que tanto Itaipú como Yacyretá han mantenido durante años una actitud “reticente” a la divulgación de información pública. Recordó que, tras la promulgación de la Ley 5189 “de Acceso a la Información”, ambas binacionales recurrieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con acciones de inconstitucionalidad, en un intento por evitar someterse a las obligaciones de transparencia.
Según el abogado, el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, intervino en ese momento ordenando la publicación de las nóminas salariales. Sin embargo, las entidades solo desistieron de medidas cautelares sin que la cuestión de fondo fuera resuelta. “Ese caso quedó congelado en la Corte”, afirmó, aludiendo a la falta de una decisión definitiva, incluso tras contar con un dictamen del entonces fiscal general Javier Díaz Verón.
El trasfondo jurídico –explicó Santagada– radica en la naturaleza particular de las binacionales. Estas entidades sostienen que no están sujetas directamente a la legislación paraguaya, sino a sus respectivos tratados internacionales y reglamentos internos. Esta interpretación –según el abogado– ha servido como argumento para limitar el acceso a la información y establecer políticas de transparencia “a medida”.
No obstante, subrayó que la normativa paraguaya sí alcanza a los representantes nacionales dentro de estas entidades. En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información obliga a directores y consejeros paraguayos a gestionar la publicación de datos relevantes para la ciudadanía. “No hay un imperio directo de la ley sobre las binacionales, pero sí sobre las autoridades paraguayas que deben garantizar el acceso a la información”, puntualizó.
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Las declaraciones se dan en un contexto marcado por la polémica generada tras publicaciones del diario Última Hora, que reveló detalles de las nóminas salariales de Yacyretá. A partir del análisis de planillas que habían sido bloqueadas, el medio informó que solo en marzo se destinaron más de USD 684.000 en bonificaciones, además de evidenciar que al menos 92 funcionarios perciben salarios superiores al del presidente de la República.
Estas revelaciones desataron una fuerte reacción ciudadana y política. Legisladores de la oposición denunciaron prácticas de prebendarismo y cuestionaron el elevado gasto en un contexto económico complejo, que el propio Gobierno ha calificado como de “economía de guerra”.
