Además, en los últimos meses, las autoridades han impulsado reformas “dirigidas a concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes”, subrayó la alta comisionada adjunta para derechos humanos, Nada al Nashif, en una actualización sobre la situación en el país.
Sobre los 546 nicaragüenses a los que se les ha retirado su nacionalidad y expulsado, 135 de ellos en septiembre, Al Nashif recordó que “han quedado en precarias condiciones en el extranjero” y muchos están en condición de apátridas, siendo sus activos confiscados. Otros no están pudiendo establecer su nacionalidad nicaragüense, ya que el Gobierno rehúsa renovar sus pasaportes o enviar documentación cuando están en el extranjero, “borrando su identidad legal e impidiendo las conexiones con su patria”, subrayó la “número dos” de la oficina de derechos humanos en la ONU.
VIOLACIONES DE DDHH. En lo tocante a detenciones arbitrarias, Al Nashif subrayó que oponentes políticos, líderes religiosos e indígenas y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ese instrumento abusivo.
“En los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas de forma arbitraria, incluyendo tres niños”, señaló la alta comisionada adjunta.
Agregó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido información que “revela un patrón consistente de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención pésimas y tortura física y psicológica, incluyendo privación del sueño y denegación de la atención médica”.
