La Cámara de Diputados ya había aceptado el veto parcial y aprobado el resto del proyecto, este martes, con lo que el Senado completó el circuito y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La versión original del proyecto contenía el polémico artículo que despenalizaba las omisiones en las declaraciones juradas de funcionarios, pero esa es una de las partes vetadas por el Ejecutivo.
Al dejar la normativa tal como está ahora, se deja abierto un plazo solo de 30 días para que los funcionarios corrijan sus declaraciones juradas ante errores involuntarios, y se deja la posibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR) realice denuncias ante el Ministerio Público por casos maliciosos.
Otro punto importante de la ley sancionada, que no fue objetado por el Poder Ejecutivo, es el punto que establece la no obligatoriedad de que los integrantes de empresas proveedoras del Estado deban presentar su declaración jurada antes de convertirse en oferentes.
En este punto, los legisladores recordaron el caso Petropar y señalaron que el veto afecta a todos los proveedores del Estado.
VETO PARCIAL. El Ejecutivo eliminó las partes del proyecto de ley que fueron introducidas en la Cámara Baja por el bloque cartista y sus aliados, donde se pretendía que modificar el artículo 14 de la Ley de Declaraciones Juradas, estableciendo que el declarante realice en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes.
También buscaba eliminar la facultad de la Contraloría General de la República (CGR) de denunciar ante el Ministerio Público los errores y las omisiones voluntarias, dejando abierto el plazo de corrección del documento.
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día de ayer, el tema no estaba en el orden del día, pero a pedido del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, fue tratado sobre tablas, por lo que el pleno se constituyó en comisión para dictaminar y luego aceptar el veto.
“La Corte ya interpretó incluso de otra manera, el sector privado no tiene que presentar declaración jurada, y no existe este tema de que me olvidé, y la Contraloría está urgiendo este tema”, dijo la senadora Desirée Masi.
El senador Fernando Silva Facetti también apoyó la moción e inmediatamente se procedió al estadio de votación que logró 30 votos de los 23 requeridos. Organizaciones de la sociedad civil también celebraron la sanción.