Robert Valdez, abogado del gerente general de Odebrecht en la República Dominicana, Marcelo Hofke, aseguró que “todo” lo solicitado por el procurador general, Jean Alain Rodríguez, fue entregado “en tiempo, forma y contenido”.
La salida de Valdez de la sede de la PGR coincidió con la llegada de Radhamés Segura, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), quien será interrogado sobre la investigación abierta por las supuestas irregularidades de la constructora brasileña en la nación caribeña.
En declaraciones a la prensa, Segura explicó que fue convocado para explicar lo relacionado con un contrato firmado con Odebrecht en 2005, durante su gestión, para la construcción de la hidroeléctrica de Palomino, ubicada en el sur del país.
El procurador general dominicano dio el pasado 10 de enero un plazo de tres días, que venció la medianoche del viernes, para que el gerente de Odebrecht en el país le remitiera la lista de los acuerdos que reposan en Brasil, donde supuestamente figuran los nombres de los funcionarios locales que habrían recibido sobornos.
Esto, después de que en un interrogatorio practicado el 10 de enero Hofke reveló que supuestamente su representante comercial en República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que pagó en sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas en el país.
Según explicó el procurador, Rondón reconoció durante un interrogatorio que inició la mañana del miércoles 11 y se prolongó hasta las primeras horas del jueves 12, haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación, y no para efectuar sobornos.
El funcionario solicitó entonces a la Dirección Contrataciones Pública del Estado que se inhabilite temporalmente a Odebrecht en los procesos de adjudicación de toda obra pública.
La compañía brasileña es investigada en Estados Unidos, así como en varios países de Latinoamérica y África, por el pago de sumas millonarias en sobornos para lograr adjudicarse contratos de múltiples obras de infraestructuras.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países.
