Luego de la renuncia obligada de tres legisladores, José María Ibáñez, Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, siguen otros ocho parlamentarios con procesos judiciales.
Por ejemplo, en el Senado, desde el 2013 está con un proceso abierto el senador colorado Víctor Bogado por el caso conocido como niñera de oro, que investiga la situación de una mujer que supuestamente trabajaba en la casa del legislador y cobraba en la función pública.
Se trata de Gabriela Quintana, quien figuraba con doble remuneración en Itaipú y Diputados, cargos que según la Fiscalía logró conseguir gracias a Bogado.
El fiscal René Fernández lo acusó por estafa y complicidad en el cobro indebido de honorarios. Los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto pasado, desempolvaron luego de casi dos años el proceso y corrieron traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se expida con respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por el legislador cartista, el 30 de setiembre de 2016, contra la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó al juez penal de Garantías Óscar Delgado para llevar adelante el proceso penal.
Lesión en MOPC. El senador liberal Salyn Buzarquis está imputado por supuesta lesión de confianza por USD 600.000 cuando se desempeñaba como ministro de Obras Públicas durante el breve Gobierno de Federico Franco. La acusación fue presentada por la fiscala Victoria Acuña, quien además ya requirió al Juzgado Penal de Garantías que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Igual a Ibáñez. En Diputados, el cartista Tomás Éver Rivas tiene un caso similar al del ex diputado José María Ibáñez, quien ya renunció por la presión ciudadana.
Rivas contaba en su casa y sus empresas con tres caseros, quienes percibían entre G. 2 millones y 3 millones como funcionarios de la Cámara Baja, cuando en realidad hacían trabajos particulares.
La imputación al legislador y sus empleados es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Solamente el delito de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.
Rivas hasta ahora no puede ser desaforado en Diputados.
Tráfico-Portillo. Otro procesado es el liberal Carlos Portillo. Fue imputado luego de que salieran a luz una serie de audios. Habría pedido USD 3.000 a la procesada Auda Fleitas a cambio de favores. Fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Además, el Ministerio Público solicita el desafuero del parlamentario.
La pesquisa contra Portillo se inició luego de la publicación de los audios que evidencian la supuesta intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná. En ellos se escucha al legislador del PLRA.
Contrabandista. Sigue la lista con Carlos Núñez Salinas, quien fue imputado por contrabando de productos electrónicos. Salinas admitió, en 2016, ante el juez Humberto Otazú, el delito por los cuales fue acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos. El caso data del 2013 y fue denunciado por la misma Dirección Nacional de Aduanas. La acusación fiscal señala que la empresa Intercom Ingeniería SA, en ese entonces dirigida por Núñez, emitió una factura por USD 17.600 en concepto de la importación de 111 ruteadores, pero luego se detectó que en realidad la carga era de decodificadores de televisión valorados en USD 1.026.000.
Nuevo. El diputado del PLRA, Teófilo Espínola, quien asumió en el Congreso recién en este periodo también está en la mira judicial. Está acusado de malversar parte de los de G. 5.000 millones del Ministerio de Defensa Pública.
Parlasur. En el Parlasur están imputados los miembros liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré.
El primero por supuesta malversación en el MAG donde fue procesado por el desvío de G. 1.219 millones cuando fue ministro de Agricultura y Ganadería.
La imputación es por estafa y lesión de confianza. En este caso, según la Fiscalía, el 16 de mayo de 2012 fue firmado un convenio de cooperación entre el entonces ministro Enzo Cardozo, y productores frutihortícolas. A través del convenio se pretendía generar y desarrollar condiciones para que los productores familiares puedan acceder a los servicios institucionales. Sin embargo, los directivos de la federación prosperaron económicamente tras el desembolso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El otro parlasuariano procesado es Milciades Duré (PLRA) por la compra irregular de tierras cuando integraba el consejo del Indert.
