La gestión de la política macrofiscal en nuestro país ha mejorado sustancialmente en las últimas dos décadas, a partir de las reformas realizadas en el 2003 para salir de la crisis fiscal observada en los años previos y fortalecidas posteriormente con las reglas fiscales introducidas, a través de la Ley 5098 de responsabilidad fiscal en el año 2013, fijando topes al déficit del Gobierno central y al crecimiento en términos reales de los gastos corrientes del Estado. Esto ha permitido controlar el ritmo de crecimiento de la deuda pública, mantenerla en niveles sostenibles y, hasta ahora, evitar otra crisis fiscal.
No podemos decir lo mismo respecto a la utilización de los ingresos que ha percibido el Estado, a través de los impuestos, tasas, contribuciones, royalties, compensaciones, etc. Entre el 2003 y el 2022 los ingresos de la administración central del Estado se multiplicaron más de 6 veces; pasando de USD 942 millones a casi USD 6.000 millones anuales, siendo la principal fuente el aumento de la recaudación de impuestos como resultado de las reformas tributarias y el crecimiento económico. Los ingresos del fisco en términos per cápita pasaron de USD 168 a USD 800 por año, en estos 20 años, un aumento sustancial. Además, hay que sumar los recursos de la deuda pública, cuyo saldo pasó de USD 2.600 millones a más de USD 14.300 millones en el mismo periodo y que fueron utilizados para financiar sucesivos déficits fiscales desde el 2012 en adelante.
El problema no está en que el Estado tenga más recursos, que cada vez necesita más, sino en que los servicios públicos fundamentales que provee a la ciudadanía, son de pésima calidad y no ha mejorado en este periodo. Al analizar en qué fueron utilizados estos recursos adicionales; encontramos que el gasto salarial se multiplicó 6,6 veces; las compras de bienes y servicios lo hizo en 10 veces; las transferencias a Gobernaciones y Municipios en 7,7 veces; el gasto en jubilaciones de funcionarios públicos, subsidios a la tercera edad y Tekoporã en 7 veces, y la inversión en obras en 6,9 veces. Estos indicadores dicen poco sobre la calidad del gasto, solamente que todos los gastos crecieron en proporciones similares. Pero la realidad es que los servicios públicos siguen pésimos.
Lo que hemos observado en estos años es que los recursos se distribuyeron a las mismas instituciones públicas vetustas que terminaron reproduciendo el mismo servicio de mala calidad, solo que más caro para los ciudadanos. Todo esto resultado de una gestión política desordenada y prebendaria de las contrataciones y remuneraciones de funcionarios; como muestra tenemos los grandes e indiscriminados aumentos salariales otorgados en el 2012 o el salario básico profesional que en los últimos años se ha otorgado a los maestros; sumados a otros múltiples beneficios. Una gran importancia tiene también la mala gestión y corrupción en las compras públicas, cuyo resultado termina en la adquisición de insumos, servicios caros y de mala calidad, afectando negativamente los servicios prestados a la ciudadanía. Según informes del Banco Mundial y del BID, como resultado existen grandes sobrecostos en las compras públicas e importantes primas salariales injustificadas para funcionarios públicos frente a trabajadores del sector privado en tareas con calificaciones similares. Debemos cambiar urgentemente este modelo de gestión para recuperar la confianza ciudadana y de los contribuyentes en el Estado porque la disponibilidad de servicios públicos de calidad es fundamental para mejorar la calidad de vida de los paraguayos y la competitividad de la economía.
Los ciudadanos debemos cumplir con nuestro rol de contralores. En Dende hemos decidido aportar en este sentido con la creación del Observatorio del Gasto Público”, desde el cual generaremos, en cooperación con otras instituciones de la sociedad civil, informaciones, análisis y recomendaciones que apunten a mejorar el uso de los recursos públicos con la intención de ampliar la conciencia ciudadana y de la opinión pública al respecto, para exigir a las autoridades de los poderes del Estado criterios de austeridad, racionalidad, priorización y focalización en la asignación de recursos y las reformas institucionales necesarias para mejorar la eficiencia en su uso.
