A la luz de los acontecimientos sociales y políticos recientes, tanto nacionales como de “países hermanos”, la Asamblea Ordinaria de Obispos lanzó ayer una advertencia a los gobernantes: Poner atención a las reivindicaciones sociales y reclamos ciudadanos para evitar “crisis de confianza” ante la política que “conducen a un debilitamiento de la democracia y del orden institucional”.
Para ello, proponen instalar una mesa de diálogo intersectorial para dar “soluciones a los candentes problemas sociales, para vivir en la justicia y la paz”.
“El protagonismo de la sociedad civil busca generar cambios importantes para el logro de políticas públicas más justas con asignaciones presupuestarias adecuadas en los campos de la salud, emergencias sanitarias, educación, seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y a la vivienda, la promoción eficaz de la economía, la creación de empleos y la promulgación de leyes que favorecen las organizaciones solidarias”, reza parte del pronunciamiento que hicieron los obispos al cierre de la 223 Asamblea Ordinaria.
“La reducción de la inequidad y la exclusión social ayudarán a fortalecer la confianza de la ciudadanía y a prevenir situaciones que desestabilicen la paz”, resaltan en otra parte del comunicado.
Monseñor Amancio Benítez, secretario general de la CEP, explica que se busca poner de relieve si cada ministerio está cumpliendo con sus respectivos sectores.
Criticó que “en el discurso” los representantes del Gobierno dicen que apoyan, por citar, la educación: “Pero después en el presupuesto eso no se ve. Ahí se ven las prioridades y se ve claramente que la prioridad del Gobierno es el bolsillo de los ricos”, lanzó al contar que en el Bajo Chaco –donde es obispo– a los docentes se les sacó rubros.
DESINVERSIÓN. Oscar Charotti, director de Juntos por la Educación, observa que aún no se ha plasmado en el presupuesto 2020 el compromiso firmado por Mario Abdo Benítez cuando asumió la Presidencia de la República. “Entre los cuales estaba incrementar la inversión en educación y, efectivamente, no estamos viendo que esté plasmando ese compromiso”, confirma. En contraste, se aplican tijerazos a rubros “como infraestructura educativa, equipamientos y materiales y en otros conglomerados de gastos que están siendo reducidos para cumplir los compromisos de ajustes salariales”.
DETONANTE. Luis Rojas, miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, analiza que además de las demandas sociales (tierra, trabajo, mejor educación y atención de salud, vivienda, etc.) no tienen eco favorable desde los tres poderes del Estado, existe una “élite empresarial que apuesta a un modelo excluyente, basado en la agro-exportación de materias primas, sin incorporar a grandes masas de trabajadores en los procesos productivos”.
“La desigualdad detona los estallidos sociales muchas veces porque genera frustración con toda razón en un país que tiene abundancia de tierra, agua, territorio amplio, juventud, gente con ganas de trabajar, tiene ingresos económicos importantes. El problema es la distribución de todo eso”, contrapone.
Rojas dice que el Gobierno “se ha mostrado sordo” a las demandas sociales. “Se prioriza un modelo económico que genera muchos excluidos y eso se traslada después al Presupuesto General de Gastos que favorece más a las élites empresariales que a la ciudadanía mayoritaria con bajos impuestos y baja inversión social también”, remata.
“La paciencia tiene un límite, la gente la está pasando mal. El deterioro de la calidad de vida es muy notorio”. Luis Rojas, economista.
“No está plasmado en el Presupuesto el compromiso que suscribió Mario Abdo: incrementar la inversión en educación”. Oscar Charotti, Juntos por la Educación.
“No hay que esperar que el país se convierta en un Chile, con una convulsión social porque ahí recién se ve lo que no se hizo”. Amancio Benítez, secretario general de la CEP.