La nueva recusación fue presentada el miércoles pasado por uno de los empresarios investigados, Víctor Emilio Solalinde, bajo patrocinio de la abogada Lorena Patricia Domínguez González.
Solalinde argumenta en su recusación que el fiscal René Fernández violó el principio de objetividad “denotando manifiesta enemistad” en su contra y también cuestiona los allanamientos realizados por el Ministerio Público.
Según informaron fuentes judiciales, el texto de la recusación es prácticamente idéntico a la recusación que planteó Solalinde –del Grupo Solalinde Hermanos, dueño del supermercado Fernandito– en octubre pasado y ya fue rechazada por la Fiscalía General y la Corte Suprema.
El fiscal Fernández solicitó al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, el rechazo de la recusación por improcedente.
DENUNCIADOS. El 13 de noviembre pasado, el mismo Díaz Verón presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte en contra de los abogados José Domingo Almada y Mario Daniel Britos, por supuesto ejercicio abusivo del derecho.
Los profesionales habían recusado a 20 fiscales en la investigación del esquema de megaevasión destapada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en junio de este año. La denuncia sostiene que las recusaciones solo tuvieron como objetivo entorpecer la pesquisa fiscal.
Según informaron desde el Ministerio Público, G. 130.000 millones es el monto preliminar de las facturas de contenido falso detectadas por Tributación.
Las facturas fueron presentadas por 149 firmas ante el fisco para reducir sus impuestos. Por otro lado, otras 23 empresas son las presuntas proveedoras de facturas de contenido falso, mientras que 42 personas físicas y jurídicas habrían sido inscriptas en forma irregular como contribuyentes o sus facturas habrían sido clonadas por terceros.
De acuerdo con información de la SET, 13.250 facturas fueron timbradas y habilitadas para ser utilizadas, en tanto que del total, 2.500 facturas fueron declaradas o identificadas a través de cruces de informaciones.
Los investigadores estiman que el monto de la evasión de impuestos ronda por los G. 52.000 millones. Aún falta analizar varios documentos en la causa, indicaron.