Los labriegos tienen previsto instalarse en la Plaza de Armas y en diferentes puntos del país durante la jornada de hoy y preparar una marcha, que aún no tiene itinerario, para mañana. En las movilizaciones también participará la Articulación Campesina, Indígena y Popular, que acompaña la exigencia de una cumbre de poderes para plantear los pedidos de condonación de deudas, inversión para la reactivación de la agricultura familiar campesina, el acceso a tierras y el cese de desalojos, de acuerdo con el dirigente Jorge Galeano.
“En estos tiempos ya no queremos nada sin que se estipule algún acuerdo concreto sobre los mecanismos de cómo llegará la plata a los beneficiarios reales; es decir, a los sujetos de la reforma agraria y, principalmente, a nuestros asociados de la agricultura familiar campesina”, dijo con relación a una serie de pactos anteriores con autoridades.
El último tiene que ver con el compromiso asumido en marzo del 2019, con Mario Abdo Benítez como presidente. El Banco Nacional de Fomento (BNF) debía comprar las deudas y refinanciarlas a diez años de plazo con un interés del 9%, pero con la depuración de la lista quedaron como beneficiarios poco más de 2.000 campesinos y hasta el momento el acuerdo no terminó de cumplirse.
VIEJO RECLAMO. En el 2016 se iniciaron las negociaciones para que el Gobierno absorba las deudas de pequeños productores que se vieron imposibilitados de afrontar sus cuentas, debido a las pérdidas de sus cultivos por factores climáticos, a lo que se sumó el bajo precio de la producción nacional. Como la condonación no era viable, se había acordado la compra de las deudas de los campesinos a través del BNF.
Sin embargo, los campesinos denunciaron que en esa ocasión solo fueron beneficiados allegados al gobierno de Horacio Cartes y en el 2017 fueron a una histórica movilización de más de 40 días, que encaminó la promulgación de las leyes Nº 5868 “De Emergencia de Agricultura Familiar Campesina” y Nº 5908 “De Fortalecimiento Financiero y Reactivación Productiva”, propuestas por el Ejecutivo, tras el veto a la condonación de deudas.
La segunda normativa contempló la disponibilidad de USD 20 millones para la asistencia a productores por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros USD 20 millones para préstamos a través del Crédito Agrícola de Habilitación; en ambos casos, los recursos se obtuvieron de bonos soberanos, al igual que los USD 50 millones, dirigidos a infraestructura y créditos para pequeños productores en el 2014, pero nunca quedó claro cómo se ejecutó el dinero público.
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