El fiscal de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, lideró un allanamiento en la sede de la SEN, para retirar las planillas originales.
FALLECIDOS. La primera denuncia es por hechos ocurridos en el 2018, cuando en una emergencia climática se repartieron mercaderías a ciudades del Departamento de Itapúa. Lo llamativo, en este caso, es que las personas a las que supuestamente entregaron los insumos en realidad aparecen como fallecidas.
Acá, al parecer, no había un programa de ayuda dentro del cual hicieron esa entrega y se está haciendo una investigación en Meteorología para verificar el clima en ese momento.
COMBUSTIBLE. La segunda denuncia que hizo Contraloría es por la presunta provisión de combustible a un costo mayor de lo estipulado, causando un perjuicio económico. El suministro se hacía a través de Petropar.
Estos, además, no habrían tenido ningún respaldo documental.
Las denuncias ingresaron entre finales del año pasado e inicios de este año, confirmó el fiscal.
La Contraloría hizo un análisis forense, es decir, una auditoría, donde saltaron estas irregularidades.
HECHOS. El fiscal mencionó que se investiga en principio una producción de documentos no auténticos; es decir, falsificación de documentaciones, y si llegan a encontrar perjuicio al Estado, refirió que se podría hablar de lesión de confianza.
Acá lo que habría ocurrido es que se justificó la entrega de un bien que vale dinero, pero ese bien no se entregó, según explicó el agente.
Con prisión
El ex ministro de la SEN (2013-2022), Joaquín Roa, está imputado en otra causa por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero y soborno, porque habría adjudicado licitaciones a Alberto Koube, quien está procesado en la causa A Ultranza Py.
Estos beneficios le habrían dado a cambio de un lujoso yate de USD 450.000.