EditorialEl éxito del crecimiento del producto interno bruto (PIB) ya no convence ni tampoco está teniendo efectos a nivel microeconómico. La estabilidad macroeconómica es relativa si se consideran los impactos de la inflación y el tipo de cambio en el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Sin cambios sustanciales en la matriz productiva no será posible garantizar un crecimiento económico con empleos e ingresos laborales que redunden en beneficio de la población. Algunos indicadores económicos muestran un progresivo deterioro desde hace casi 10 años. Otros se han estancado en niveles relativamente altos, como la informalidad laboral y la pobreza monetaria.
La juventud y las mujeres sienten de manera particular la falta de avances en este ámbito. Todos sus indicadores reflejan peores condiciones que el promedio nacional, evidenciando la relevancia de considerar un problema acuciante y no tratado por ningún gobierno como es el de la desigualdad. El problema de la tierra no es solo económico, sino también político.
Un crecimiento económico que no genere las condiciones para que familias y trabajadores logren autonomía económica, acceso a seguridad social, ingresos dignos y estables no puede ser considerado exitoso.
Otros desafíos se ubican en el plano de los servicios públicos. Cambiar la situación anterior requiere universalizar y elevar la calidad de la salud, la educación, el transporte público, la provisión de agua y saneamiento y de energía eléctrica. No hay ninguna posibilidad de elevar la productividad y la calidad de vida con una gestión como la que tenemos en la actualidad. Autoridades y servidores públicos se han olvidado de su compromiso con la ciudadanía y el sector productivo.
Lograr los objetivos señalados exige una gestión profesional e íntegra con el objetivo de aumentar los niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos y lograr un consenso para iniciar una reforma tributaria que permita recaudar más y mejor.
La sostenibilidad de la deuda es un desafío impostergable. Pero esta no puede estar cimentada en el sufrimiento y el ajuste de las familias, suficientemente golpeadas por gobiernos indolentes y corruptos. Tampoco es ético patear el problema al futuro sin mejorar sustancialmente las condiciones actuales de los niños, adolescentes y jóvenes que serán quienes se hagan cargo de la deuda. Ya estamos en camino a perder la oportunidad que nos da el bono demográfico.
La ampliación de la cobertura y la sostenibilidad financiera de la seguridad social son urgentes, considerando los objetivos de calidad de vida, reducción de la pobreza y desigualdad y de estabilidad macroeconómica. Anticiparse a un quiebre de las diferentes cajas jubilatorias, especialmente de la Caja Fiscal, requiere cambios sistémicos, estructurales y de largo plazo. La generación de confianza es un paso ineludible para acuerdos negociados que permitan a toda la población aspirar a una vejez digna en un país en el que el envejecimiento está adquiriendo un ritmo acelerado.
Todas las reformas planteadas de manera oportuna e integrada permitirán tres transiciones necesarias para un país que aspira a avanzar hacia el desarrollo: la transición económica, la transición social y la transición energética.
Paraguay está en un punto de inflexión en el ámbito económico, demográfico, social y cultural. Sin cambios urgentes no solo perderemos la oportunidad de mejorar las condiciones de vida y garantizar un crecimiento económico sostenido e inclusivo, sino que correremos el riesgo de que se agudice y generalice el malestar ciudadano y con ello la conflictividad social y política.
Estamos ante las puertas de iniciar el camino hacia un país fallido. Es el momento justo para torcer el rumbo y de que el nuevo gobierno nos conduzca por un camino diametralmente opuesto.