No se dan por enterados o fingen demencia. Las autoridades de 26 municipios del país directamente ignoran los mandatos de la Ley 5189/14, “que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, como de la Ley Nº 5282, Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
Según el último informe del monitoreo de cumplimiento de la Ley 5189 de la Secretaría de la Función Pública, los municipios que están en la lista negra por ocultar informaciones sobre su nómina de funcionarios y salarios son: Yby Yaú, San Carlos del Apa, Guayaybí, Mbocayaty, Primero de Marzo, San José Obrero, Coronel Martínez, Independencia, Nueva Londres, Nueva Toledo, San Cosme y Damián, San Patricio, Santa Rosa (Misiones), Acahay, Escobar, Tebicuarymí, María Antonia, Guazú Cuá, M. José Martínez, Paso de Patria, San Juan Bautista Ñeembucú, Villa Franca, Yasy Kañy, Esteban Martínez, Fuerte Olimpo y Carmelo Peralta.
En un segundo nivel se encuentra un 62,1% de municipios que tienen un cumplimiento intermedio de las exigencias de la ley. Es decir, que cumplen “con trampitas”. Entre ellas se encuentra la Municipalidad de Asunción, que en estos días fue escenario de proselitismo, conflictos y artimañas para lograr un aumento de salario para los funcionarios, con miras a lograr su apoyo a la candidatura por el Partido Colorado del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
En la web de la Municipalidad capitalina, la lista del personal está desactualizada y no tiene buscador. La desactualizada lista de funcionarios (www.asuncion.gov.py/hesaka) aparece en formato PDF con 334 páginas. Desde hace años se volvió costumbre que el informe esté diseñado para que la búsqueda o copia del documento no sea posible para cualquier ciudadano que quiera realizar una revisión. Además, los datos de pago solo aparecen hasta julio del 2021. Este mismo sistema, de no habilitar buscadores y de cargar copias encriptadas en PDF, la utilizan varias otras instituciones que buscan ocultar datos a la ciudadanía, entre ellas las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú.
En virtud de lo que establece la Ley 5189 en el artículo 8°: “Los titulares de organismos o entidades públicas que incumplan la obligación prescrita en la presente ley, serán castigados con ciento ochenta días de multa”. Haciendo el cálculo de un jornal de G. 88.051, equivalente a G. 15.849.180. En la mayoría de los casos se traslada el pago de las multas a los fondos de los municipios, cargando el costo sobre los contribuyentes, cuando quienes deberían pagar de su propio bolsillo son los intendentes y directivos que incumplen la ley.
Muchas ex autoridades municipales responsables de esta situación buscan actualmente la reelección en los comicios del próximo domingo 10 de octubre, prometiendo transparencia en sus gestiones. ¿Cómo creerles cuando han contribuido a ocultar información de sus gestiones, desobedeciendo la ley?
Además de sancionarles como corresponde, hay que castigarles, negándoles el voto.