El proyecto fue presentado por varios legisladores de la oposición que argumentaron que “el coronavirus simplemente desnudó una incompetencia que se arrastra desde que Bacigalupo ha asumido un cargo de extrema sensibilidad y proyección social”.
En el proyecto mencionaron que la ministra “ha protagonizado posiciones y decisiones absolutamente cuestionables desde el punto de vista ético y jurídico, convirtiendo a un ministerio técnico en un espacio político-partidario absolutamente disociado de la realidad”.
La ministra de Trabajo tiene cuestionamientos por haber hecho ciertos nombramientos de funcionarios, compras públicas y utilización del presupuesto del ministerio, vinculados a supuestos hechos de corrupción que tampoco fueron esclarecidos y merecen una explicación clara y contundente de cara a la ciudadanía.
Recientemente, ante un conflicto interno entre el SNPP y la ministra; la Abogacía del Tesoro, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Procuraduría General de la República emitieron un dictamen donde concluyen que la Dirección General del SNPP es la máxima autoridad de la institución y, por tanto, debe ser ordenadora de gastos y habilitada para hacer los pagos. Bacigalupo sostenía que el SNPP es un órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y, por tanto, se considera con atribuciones de utilizar el presupuesto y contratar funcionarios.
Los diputados firmantes del proyecto de interpelación fueron Eusebio Alvarenga, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Celeste Amarilla, Kattya González, Norma Camacho, Carlos Enrique Silva, Édgar Acosta, Marcelo Salinas, Jorge Ávalos, Sergio Rojas, Teófilo Espínola, Celso Kennedy, Enrique Mineur, Carlos María López, Rocío Vallejo, Carlos Rejala y Tito Ibarrola.
Alvarenga trató de convencer sobre la necesidad de interpelar a Bacigalupo; sin embargo, primó el rechazo y el proyecto fue archivado.
