En ese sentido, la diputada colorada Del Pilar Medina, una de las legisladoras con más solicitudes de expropiación en su haber, presentó días atrás un nuevo pedido que declara de interés social y expropia a favor del Estado Paraguayo –Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), un inmueble individualizado como parte de la Finca Nº 4699 Padrón Nº 547 del distrito de Capiatá, lugar Yuquyty, Departamento Central.
En el lugar se encuentra un asentamiento denominado Canaán y la intención de la expropiación es su posterior trasferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes.
Según Medina, se pretende regularizar la ocupación pacífica de unas 300 familias.
“Son familias de escasos recursos cuya lucha por el acceso de la vivienda viene de larga data y ocuparon el inmueble en forma pacífica, a través de un contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble”, argumenta la legisladora.
Pero menciona igualmente que ya se presentó una solicitud de compra al Ministerio de Desarrollo Social del Paraguay (ex SAS), pero que desde dicha institución les informó que no existía recursos para la adquisición del inmueble.
Ante esta situación, ahora busca la expropiación.
Los colorados Del Pilar Medina, Néstor Ferrer y Blanca Vargas, son los diputados que más expropiaciones y desafectaciones tienen presentados.
Los asentamientos son focos para el clientelismo político, ya que representan votos seguros y son utilizados para las elecciones, tanto nacionales como municipales.
DEUDA. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya habían mencionado que el Estado no cuenta con los recursos para seguir pagando por las expropiaciones y que están de acuerdo con que el Congreso siga expropiando sin antes pagar a los propietarios.
Mario Vega, titular del Indert había informado que la deuda por adquisición de inmuebles supera la suma de USD 71 millones.
De esa cifra, más de USD 32 millones (alrededor de G. 207.000 millones) corresponden a las deudas contabilizadas, que tienen que ver con las tierras que fueron adquiridas y transferidas a favor del Indert por parte del dueño.
En tanto que las no contabilizadas, que son las adquiridas por expropiaciones, ascienden a USD 38 millones (cerca de G. 240.000 millones).
Para el presupuesto del 2020 se tiene previsto el pago de deudas por 3.580 hectáreas, que suma G. 47.000 millones, lo que corresponde al 35% de la deuda contabilizada.
Vega manifestó que ya no hay recursos para nuevas compras ni expropiaciones, ya que hay propietarios a quienes aún no se les pagó y algunos están en fila hace cinco años y amenazan con demandas.
71
millones de dólares es la deuda que tiene el Indert por la adquisición de los inmuebles y sin presupuesto.
38
millones de dólares (240 millones de guaraníes) son las deudas del Indert por las diferentes expropiaciones.
