Sorprendió a más de uno el anuncio hecho días pasados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la intención de ponerle un freno a la inversión en infraestructura con fondos locales para redireccionar ese dinero a los programas creados para enfrentar la crisis sanitaria.
Si bien no admite cuestionamientos la idea de redirigir la mayor cantidad de recursos estatales posibles al sistema sanitario, sí genera preocupación que uno de los principales motores de la recuperación sea el apuntado para eso.
De acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Paraguay (BCP), el 2020 cerró con una caída del (PIB) del 0,6%. En un año marcado por las restricciones, y su consecuente disminución de la actividad interna, la construcción lideró el listado de los rubros con mayor incremento, con un acumulado del 12,6%, incluso por encima de los sectores agrícola y ganadero que registraron crecimientos del 9,1% y 4,7%, respectivamente.
Paraguay es quizá en la actualidad el país con menor desarrollo en términos de infraestructura en la región, pero eso no es un secreto. El problema de recortar recursos a las obras públicas no solo implica que sigamos rezagados con respecto a los países vecinos y permanezcamos en los últimos puestos en la tabla de competitividad, sino que significa, además, que toda la cadena logística y productiva, que esperaba un mejor 2021 tras un 2020 complejo, deberá de nuevo ajustarse fuertemente los cinturones para no ser víctimas de esta crisis. Según los datos oficiales, unas 300.000 personas trabajan en el rubro de la construcción.
Además, también implicará postergaciones de esperados proyectos que tienen el fin de solucionar problemas históricos en lo social, sanitario y ambiental, como la defensa costera de Pilar, por citar solo uno.
Mientras tanto, vimos en los últimos días groseras reparticiones del dinero público en favor de un selecto grupo de personas bajo los conceptos de bonificaciones y gratificaciones. Los casos de un guardia de seguridad que cobra G. 18 millones en Petropar por sus múltiples beneficios, o de un funcionario de la ANDE que percibió un premio de casi G. 14 millones por leer medidores, no son casos aislados. Demuestran que el dinero que aportan cada día los contribuyentes sigue siendo un botín muy codiciado por los políticos de turno, en detrimento de una mejora real del gasto público.
Desde este espacio, siempre se han defendido las conquistas de los trabajadores, pero al mismo tiempo, se ha sido realista. Hoy, el Estado no le está asegurando a su población educación, salud, servicios ni infraestructura de calidad, condenándola a vivir en la ignorancia y en la miseria. Pero si además de eso, no le asegura mantener la mano de obra –y acá ya ni siquiera hablamos de mayor mano de obra o de mejor calidad–, la polarización social y económica solamente se irá agrandando en estos días venideros, porque la crisis histórica que vivimos ya dejó de ser solo sanitaria hace bastante tiempo.
Han pasado ya más de dos años y medio desde que asumió la administración pública Mario Abdo Benítez y más de un año desde que la pandemia del Covid-19 llegó a nuestro país. Es antipático hacer generalizaciones y pretender pintar un panorama alentador para adelante, pero es evidente que los esfuerzos entre ambos sectores, público y privado, no han sido iguales. Con honrosas excepciones, no solamente podemos decir que faltan esfuerzo, creatividad o firmeza en las decisiones, también se nota poca voluntad en determinados actores para encontrar soluciones que no afecten la inversión pública, las mejoras en infraestructura ni el empleo.
Se dice que por cada dólar bien invertido, se tiene un retorno de entre cuatro y cinco dólares. En momentos en donde necesitamos más que nunca seguir impulsando la reactivación de la economía y garantizar que la riqueza vaya derramándose hacia el sector micro, no frenar las obras públicas es un imperativo.