Editorial

No deben quedar impunes los significativos casos de corrupción

Resulta muy frustrante tener que admitir que la impunidad se ha convertido prácticamente en la marca país. Esta comprobación es posible mediante la presentación que han realizado referentes de la sociedad civil y miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay quienes denunciaron que alrededor de 37 expedientes de casos sonados de corrupción pública corren el riesgo de prescribir, y por ende quedar impunes. Es imprescindible que las instituciones se fortalezcan, de otro modo, nuestra democracia seguirá debilitada.

Por la burocracia, y la excesiva lentitud de la justicia, así como por la falta de cumplimiento de los plazos procesales, unos 37 expedientes de escandalosos casos de corrupción podrían quedar impunes. No caben dudas de que en el Paraguay la justicia no funciona.

Esto se puede deducir de la presentación que realizaron recientemente algunos referentes de la sociedad civil, acompañados por miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, quienes en una nota a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llaman la atención sobre la “alarmante” falta de una política institucional para erradicar la impunidad. El escrito fue enviado también a la Fiscalía General del Estado.

Es una buena noticia, pese a todo, contar con organizaciones de la sociedad civil movilizadas y activas, participando y ocupándose de temas que son de gran relevancia para el país. Es, sin embargo, al mismo tiempo preocupante que deba ser la sociedad quien señale y reclame a las instituciones del Estado su propia inacción respecto a graves procesos de corrupción que tienen en común la mala utilización de los recursos públicos.

Son más de 37 casos que actualmente corren el peligro de quedar para siempre en el olvido, garantizando de esta manera la falta de justicia a quienes son víctimas de la corrupción pública: el pueblo paraguayo.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio Ministerio Público a las organizaciones civiles, y publicados asimismo en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, entre los más sonados casos figuran procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios. Estos hechos no solo de ilegalidad, sino fundamentalmente de deslealtad a los electores y a toda la sociedad paraguaya significan un desfalco de más de G. 9 billones a las arcas del Estado; o bien en moneda norteamericana rondan los más de USD 1.300 millones.

Algunos de los expedientes se hicieron muy conocidos cuando fueron denunciados, a través de investigaciones periodísticas, pero con el tiempo han quedado casi en el olvido. En la presentación que se hizo a la Corte para denunciar el cajoneamiento de expedientes se pueden encontrar casos que datan de 2012, 2013, los cuales deberían haber ya recibido una sentencia definitiva. Entre otros, figura el caso del diputado Tomás Rivas, el del ex fiscal Javier Díaz Verón, el del ex gobernador de Villa Hayes Óscar Núñez, el del ex rector de la UNA Froilán Peralta, entre otros.

De todos los actos ilegales, los cuales figuran en aquellos expedientes olvidados, cual memorial de agravios, los peores son aquellos actos de corruptela que fueron cometidos durante la pandemia del Covid-19. En un momento tan doloroso para la humanidad entera, con miles de muertos y centenares de compatriotas padeciendo en los pasillos de los hospitales la falta de oxígeno y la falta de medicamentos y respiradores, hubo políticos y funcionarios públicos a quienes no les importó mal utilizar los recursos públicos.

Se debe trabajar mucho, en un proceso que requerirá una gran dosis de compromiso y honestidad, para construir una justicia que ya no sea aliada de la corrupción. El pueblo paraguayo se merece contar con una justicia que ya no garantice la impunidad a la decena de casos denunciados de lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Son inaceptables las chicanas, esa antigua y deplorable práctica que se utiliza como estrategia para asegurar la falta de justicia, para asegurar la impunidad.

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