En la Cámara de Diputados incluso se niegan a desaforar a un integrante contradiciendo discursos anteriores. Por ejemplo, colorados cartistas y abdistas, ayudados por los votos en blanco de liberales, mandaron al archivo el año pasado el pedido de desafuero del diputado oficialista Éver Noguera, alegando desconfiar de la Fiscalía, pese a que rechazaron el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez.
Noguera fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso que investiga al senador Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación del Guairá. El diputado logró un acuerdo con el cartismo, que decidió protegerlo. Por cierto, Noguera estuvo ausente cuando decidieron expulsar al liberal Carlos Portillo.
Otro que está en la mira de la Justicia es el cartista Avelino Dávalos, quien votó por la pérdida de investidura de Portillo. La Fiscalía investiga al colorado por lesión de confianza durante su periodo como gobernador de Caazapá (2013-2018). De hecho, la Junta Departamental remitió a la Contraloría General de la República un pedido de informe sobre la ejecución presupuestaria de la Gobernación de los años 2014 al 2018.
La investigación se abrió luego de una denuncia por un perjuicio al Estado de G. 200.000 millones, pero es muy poco el avance, a pesar de que la denuncia fue presentada primero en 2018 y luego en 2019.