El propio presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, anticipó la existencia de narcopolítica y su ministro del Interior, Juan Zapata, presentó a la Fiscalía una lista de 28 candidatos sospechosos de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal u otros delitos conexos. Dicha lista no se ha hecho pública en resguardo de la investigación de la Fiscalía, única autorizada a revelar eventualmente los nombres, según reconoció Zapata tras entregar su denuncia en el Ministerio Público, una noticia que generó gran expectación entre los votantes.
Y, pese a guardar en reserva los nombres de los sospechosos, Zapata anticipó que se trataría de 21 candidatos a alcaldes, tres postulantes a prefecturas provinciales y cuatro personas que aspiran a ser concejales.
En las elecciones locales, unos 13 millones de ecuatorianos están facultados para elegir a 5.660 nuevas dignidades entre alcaldes (221), prefectos (23), concejales municipales urbanos y rurales (1.307) y vocales de juntas parroquiales (4.109).
También a 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de acoger o rechazar (Sí o No) las ocho preguntas de un referéndum impulsado por el Gobierno sobre temas de seguridad, democracia y ambiente, entre otros. El propio presidente Lasso, al defender su consulta popular, adujo que quienes se oponen a los proyectos de enmiendas legales y constitucionales podrían ubicarse del lado de la narcopolítica.
Quienes se oponen a la consulta “son aquellos que instauraron la narcopolítica” en el país, así como “los que se alimentan de la corrupción”, los “narcodelincuentes” y “los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado”, afirmó recientemente el gobernante.
Y aunque no ha identificado a nadie en específico, Lasso ha insistido en que su consulta, en el campo de la seguridad ciudadana, intenta dar una respuesta al auge de la delincuencia y del crimen en las calles, especialmente en ciertas ciudades como la portuaria Guayaquil.
Para Carolina Andrade, una experta en temas de seguridad, “es muy riesgoso politizar” el tema de seguridad, con generalidades que pueden caber en estrategias de publicidad, pero que no contribuyen a encontrar soluciones a un problema que se ha exacerbado en los últimos dos años.