Diversos informes dan cuenta de los problemas que hay alrededor de estos recursos. En primer lugar está la falta o mala calidad de las rendiciones que deben realizar las autoridades distritales y departamentales. Año tras año se suceden casos de falta de transparencia y rendición de cuentas.
La ciudadanía quiere saber en qué se usan los recursos destinados a su localidad. La normativa es muy clara en la obligatoriedad de realizar informes periódicos. Si bien es necesario mejorar los mecanismos de información, ni siquiera las exigencias mínimas son cumplidas.
El Ministerio de Hacienda debe dejar de transferir recursos a las entidades que no cumplen con la entrega de los informes; mientras que el sistema judicial, penalizar a los responsables de manera que sea caro faltar al compromiso de transparencia y rendición de cuentas.
Lo ideal sería que las municipalidades se integraran al sistema de información financiera igual que el resto de las instituciones públicas, tal como ocurre con las gobernaciones. De esta manera tendríamos información actualizada, desagregada por tipos de gasto e ingresos y comparable con el resto de las instituciones públicas.
En segundo lugar, es urgente penalizar no solo a quienes no informan, sino sobre todo a quienes ejecutan mal los recursos. Casi diariamente se conocen problemas de desvío de fondos, sobrefacturaciones, pagos sin documentación respaldatoria o mala calidad de las obras. Una reciente noticia señala que hay evidencia suficiente en los órganos judiciales para iniciar procesos judiciales que penalicen las acciones indebidas. Los problemas van desde daño patrimonial hasta desvíos, desapariciones o pagos sin documentos.
No hay justificaciones a la falta de acción judicial. La Fiscalía señaló el bajo número de funcionarios; sin embargo, con los que cuenta no hay resultados. A pesar del cada vez mayor presupuesto dirigido al sector, la percepción ciudadana es que el sistema judicial está empeorando.
El mayor presupuesto no solo no está contribuyendo positivamente, sino que, al parecer, alimenta la pésima institucionalidad pública. En realidad, el problema no es la capacidad del sistema judicial, sino los arreglos entre los agentes judiciales y los políticos de turno.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda debería contar con instrumentos para limitar la transferencia de recursos cuando las gobernaciones y municipalidades no informan o no ejecutan de manera adecuada. Si no cuenta, debería realizar las gestiones pertinentes para eso, como solicitar cambios en las normas para impedir transferencias o mejorar su capacidad de evaluación del gasto.
En realidad nadie tiene argumentos para justificar su inacción dado el marco legal existente. Con lo que se tiene es suficiente para combatir la impunidad vigente en el uso de estos recursos. Solo es necesaria la voluntad de las autoridades, que para eso cobran salarios públicos.
