La directora general del Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR), Margarita Morselli, se defendió ayer de una denuncia presentada en su contra, en la que se la acusa de presunta lesión de confianza por un monto total de G. 2.669.840.000, manejado por la institución y que no contaría con documentación respaldatoria.
Además, la denuncia agrega que otro delito configurado fue el de usurpación de cargo y, según el abogado Juan Köhn Gallardo, la funcionaria, dependiente del Senado, se expone a penas que van de tres a cinco años de prisión.
Morselli sostiene, nota mediante, que los desembolsos de El Cabildo cuentan con justificativos y señala que la denuncia, presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos a principios de este mes, forma parte de una calumnia.
La acusación refiere también que El Cabildo trabajó en convenio con una oenegé denominada Asociación Cultural Comuneros, a la que transfería fondos públicos mediante un convenio pasando por alto la Ley de Contrataciones Públicas.
“Juan Köhn Gallardo, de evidente interés personal en sus manifestaciones, es abogado defensor de Nicolás Latourrette, persona de quien vengo soportando, desde hace más de un año, una inmisericorde campaña de falsedades, calumnias y ataques de diversa índole; contra quien he promovido una querella criminal por difamación, calumnia e injuria”, explica Morselli.
MÁS. Agrega que el CCR es una dirección del Congreso, que depende del presidente de la Cámara de Senadores. “Su directora no es ordenadora de gastos, por lo que nunca he transferido fondos ni ordenado pagos, ni mucho menos opero con cuentas bancarias como tal”, indica Margarita.
Asimismo, la directora afirma que no usurpó funciones. “La firma de convenios por parte de la Dirección General a mi cargo no se constituye en ninguna falta, ya que en el artículo 5º de la resolución de creación del Centro Cultural de la República El Cabildo, inciso h), indica dentro de los deberes y atribuciones del presidente del Congreso: ‘Aprobar los convenios suscriptos por la Dirección Ejecutiva’; lo cual habilita a la Dirección General del CCR a suscribir dichos documentos, cuya realización siempre se somete a la aprobación del titular del Congreso”, apunta.
Igualmente, asegura que las declaraciones de Köhn no se ajustan a la verdad cuando dice que no se rinden cuentas, “puesto que la Asociación Cultural Comuneros presenta en tiempo y forma todas las rendiciones” al Congreso y a la Contraloría General. “Inclusive realiza en forma anual una auditoría externa de los movimientos realizados, de manera que no quede duda alguna del manejo eficiente y transparente de los fondos asignados para la ejecución de proyectos y actividades”, añade Margarita Morselli.